El ministro de Hacienda entrante, Diego Guevara, explicó este martes a periodistas que la ley de financiamiento, que se espera se empiece a debatir este miércoles en las Comisiones Económicas Conjuntas, buscará recaudar $9,8 billones y no $11,5 billones como lo había señalado la coordinadora ponente, la representante Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, el pasado lunes.
“Es el cálculo que tenemos con el equipo técnico, que permitirá completar el presupuesto de inversión”, dijo el nuevo jefe de la cartera económica, que reemplaza desde esta semana a Ricardo Bonilla, quien renunció en medio del escándalo de la Ungrd.
Agregó el funcionario al respecto que “si mañana no pasa esta ley, analizaremos todos los escenarios. También tendremos que ver cuál es el monto final del Presupuesto 2025. Yo creo que esto no es un blanco y negro”.
Sobre el Presupuesto del año entrante, que debe salir por decreto, indicó Guevara: “Tenemos hasta el 31 de diciembre para expedirlo, ya el equipo técnico está trabajando con el equipo juridico, esperemos que en dos semanas esté”.
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Acerca de su llegada al Ministerio de Hacienda, dijo que se trata de “un gran reto pero tengo la ventaja de haber llegado al Viceministerio de Hacienda desde el 7 de agosto de 2022 y conozco bien el ministerio, las finanzas del país y lo que se quiere es mantener un mensaje positivo a todos los inversionistas pero también a todos los sectores populares”.
Finalmente, sobre la economía del país, señaló el ministro que “el panorama macroeconómico es positivo si uno mira las tres variables: del PIB, desempleo e inflación. Un crecimiento del 2%, tres veces el crecimiento del PIB del 2023; una inflación que va a cerrar en 5,2% y un desempleo que se ha mantenido por debajo del 10%, y la tasa de interés viene bajando y ese escenario nos va a ayudar a enfrentar el frente fiscal”.
Y concluyó alrededor de las conversaciones de sindicatos, empresarios y Gobiernos sobre el salario mínimo de 2025, que este “debe crecer el IPC más la inflación, ese es el punto de partida en la negociación y es un diálogo tripartito”.
La ponencia de la ley de financiamiento o reforma tributaria fue radicada el pasado lunes en el Congreso con siete firmas.
La idea es que el proyecto empiece su primer debate este miércoles en las Comisiones Económicas Conjuntas. No obstante, dos de las fuerzas mayoritarias, liberales y conservadores, sumadas a la oposición del Centro Democrático y Cambio Radical, ya han dicho que votarán no.
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Lo nuevo que trae, inicialmente, es la salida del artículo que buscaba subir el IVA del actual 5% a un 19% para los carros híbridos.
Así mismo, salió el artículo que buscaba gravar las plataformas de juegos de suerte y azar en línea.
En cuanto a la tarifa al carbono se incluyó un aumento progresivo y tener un tratamiento más flexible que se vaya ajustando en el tiempo desde $41 mil en el 2025 hasta llegar a $75 mil en el 2027.
Del mismo modo, se eliminó el aumento de la tarifa de ganancia ocasional.
Se incluyó un nuevo artículo para que los contribuyentes que hayan omitido, corregido o incumplido el deber de presentar las declaraciones tributarias, aduaneras o cambiarias puedan bajar el valor de las sanciones por extemporaneidad, corrección o inexactitud, e incumplimiento de las obligaciones formales, al 15%.
Y los infractores que tengan pendiente el pago de multas, estén pagando o hayan incumplido acuerdos de pago por infracciones de tránsito hasta el 31 de diciembre de 2024 podrán acogerse, por una única vez, dentro de los seis meses siguientes a partir de la entrada en vigencia a un descuento del 50% del total de su deuda y del 100% de sus intereses.
La coordinadora ponente, Olga Lucía Velásquez, dijo a periodistas el pasado lunes: “Creo que es importante dar el debate, radicada hoy, mañana (martes) se citó a conjuntas de Senado y Cámara para poder hacer el anuncio de la ponencia y el miércoles se espera dar el debate para votar si se aprueba o no en el primer debate”.
Agregó en este sentido la representante: “Incluye unos beneficios tributarios que oscilan entre los $2,5 y $3 billones, es decir a todas aquellas personas que tengan sanciones, intereses de mora, y que tengan deudas de IVA, impoconsumo, retención en la fuente, que se puedan poner al día”.
También, expuso, “está el adelanto de la regla fiscal, que son cerca de $5,6 billones, que no son ingresos sino un espacio para poder tener un margen de financiación por parte del Gobierno”.
Y, finalmente, anunció que “se eliminó el artículo que le iba a quitar el beneficio a los carros híbridos y también se eliminaron los tres artículos que tenían que ver con ganancia ocasional”.
Previamente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había explicado a medios: “Hoy no es viable pensar en una ley de financiamiento que llegue a los $12 billones de recaudo, que se requieren para el Presupuesto desfinanciado”.
Entre tanto, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) manifestó su profunda preocupación ante la propuesta de aumentar la sobretasa del impuesto de renta al petróleo, una medida que podría comprometer severamente el futuro energético y económico del país.
El gremio recordó que, en 2022 el Gobierno nacional promovió una reforma tributaria que incluyó, sin el respaldo de un análisis técnico riguroso, una sobretasa al petróleo de 5, 10 y 15 puntos adicionales al impuesto de renta, justificada en los altos precios internacionales (para ese año promediaron los USD100 por barril, precios que actualmente han bajado a cerca de los USD70, lo cual es incoherente con el incremento en la sobretasa que se propone), entre otros nuevos gravámenes a la industria del petróleo y gas.
Según Frank Pearl, presidente de la ACP, fruto de dicha decisión, este sector hoy tiene una tasa efectiva de impuesto de renta de hasta el 50 %, mientras otros no llegan siquiera al 30 %, lo cual evidencia un claro ejemplo de inequidad tributaria.
“Ahora, la ‘Ley de Financiamiento’, propuesta por el Gobierno, aumentaría la sobretasa del impuesto de renta para la exploración de petróleo hasta en 5 puntos porcentuales, llevándola -sin fundamentación técnico-económica- hasta el 20 %. Esto implicaría un impuesto de renta del 55% para la industria, además del pago de regalías, derechos económicos, contribuciones sociales, ambientales y demás aportes que esta realiza, desbordando con ello su capacidad contributiva y desincentivando sus inversiones en el país”, dijo Pearl.
En ese sentido, agregó que para la industria, esta medida supone un nuevo cambio en las reglas de juego que pondría en riesgo la sostenibilidad económica de los proyectos e incidiría en menor inversión exploratoria y de desarrollo, por lo cual, también en nuevas reservas y producción futura.
“Como consecuencia de la reforma de 2022, las inversiones exploratorias se han reducido en un 57%, lo que ha conllevado a que las inversiones voluntarias caigan a mínimos históricos. Aquí es importante considerar que, si no se hubiera debilitado al sector, no se necesitaría Ley de Financiamiento”, señaló Frank Pearl, y añadió que, esta tendencia se agrava con nuevas cargas impositivas, por lo que, con este panorama, se vislumbra el final de la actividad exploratoria en Colombia a partir del 2030, en razón a que incrementos adicionales a la sobretasa inviabilizaría la exploración.
Pearl añadió que este aumento también compromete las metas de producción de hidrocarburos (MinHacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 contempla una producción promedio de 750 mil barriles día de petróleo hasta el 2035), en la medida en que el incremento en los gravámenes afectaría a todos los campos, principalmente, a los que producen crudos pesados y a los marginales, que representan respectivamente el 54 % y 10 % del total nacional, los cuales serían inviables al adicionar los nuevos gravámenes.
“Asimismo, se vería comprometida la aprobación de nuevos proyectos de desarrollo, necesarios para incrementar la producción y evitar la declinación natural de los campos, llevando al país a una caída precipitada de la producción”, enfatizó.
Así, teniendo en cuenta que el 45 % del total de la matriz energética colombiana proviene del petróleo y el 21 % restante del gas natural, Pearl dijo que es innegable que la aprobación de esta propuesta representaría un riesgo para la seguridad energética de Colombia, en la medida en que para garantizar el abastecimiento energético se requiere inversiones constantes y significativas en exploración y producción.
“Por lo tanto, en el mediano plazo el país estaría condenado perder su autosuficiencia en hidrocarburos, afectando la generación de regalías, empleos, encadenamientos productivos en las regiones e ingresos a la nación. En este contexto, el detrimento de la industria de petróleo y gas generaría que, en el corto plazo, otros sectores deban soportar la carga con la cual ya no podría contribuir este sector, que en 2023 representó el 20 % de los ingresos corrientes de la Nación, el 16% de la inversión extranjera directa y el 4,6 % del PIB”, dijo el presidente de la ACP.
Además, recalcó que los recursos de regalías que financian proyectos en las regiones para cerrar brechas en materia de educación, salud, servicios públicos, entre otros, y cuyo presupuesto bienal 2025-2026 recientemente aprobado por el Congreso fue de $30,9 billones, declinarían significativamente en el futuro.
“En resumen, un incremento adicional en los impuestos amenaza las contribuciones de esta industria al país y las regiones”, precisó Frank Pearl.
A su vez, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, advirtió en sus redes sociales: “Seamos claros, la reforma tributaria que se está presentando no es para rebajar impuestos, es para cobrarle a los hogares y a las empresas $11,5 billones adicionales en impuestos. Es pasar más recursos de los hogares y los emprendedores y empresas al Gobierno Nacional para que el Gobierno Nacional sea el que lo gaste. Entiendo perfectamente que se quiera dar la idea de que la reforma es para rebajar impuestos, pero el neto no es ese”.
