Para exministros, economistas y líderes políticos no son del todo buenas noticias las de la aprobación esta semana en último debate del proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, que sube las transferencias del Estado central a las regiones del 23,8 % actual al 39,5 % en un periodo de transición de 12 años a partir de 2027.
De hecho, hasta la Procuraduría hizo sus advertencias al respecto, pero denunció que no fueron tenidas en cuenta por el Congreso: “Se invitó a los congresistas a retomar las cuatro propuestas incluidas en el informe final de la Misión de Descentralización en relación con el SGP. Las propuestas, construidas por expertos en 68 espacios, buscaron establecer un piso mínimo del porcentaje de participación de los territorios del 30,5 % de los ingresos corrientes de la Nación; recomponer la distribución de recursos en dos bolsas, una sectorial (con el 80,18 %) y otra territorial (con el 19,82 %); establecer nuevos criterios de distribución de la bolsa de Propósito General, la cual sería dirigida solamente a municipios y distritos y flexibilizar los recursos del SGP de propósito general”.
Es indispensable, expuso además la Procuraduría, “ajustar los criterios de asignación de las crecientes transferencias con el propósito de cerrar brechas dentro de los sectores y entre las entidades territoriales con capacidades fiscales, administrativas y estándares de bienestar muy desigual”.
Entre tanto, durante ese último debate, la representante verde Katherine Miranda, que fue uno de los dos votos en contra, criticó: “Una reforma que, según expertos, el Banco de la República y el Comité de la Regla Fiscal es contraproducente con las finanzas, amenaza la regla fiscal y no es compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
Así mismo, aseveró que considerando que las últimas seis reformas tributarias en su primer año han recaudado en promedio $ 16,1 billones a precios de 2024, “se requerirían alrededor de nueve reformas de esta misma magnitud entre 2027 y 2035 para financiar las presiones de gasto que implicaría la aprobación de las disposiciones propuestas en el proyecto de acto legislativo bajo un escenario sin ley de transferencia de competencias”.
La ley de competencias
El ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo considera que la modificación al SGP se hizo de manera “irresponsable y abre un gran riesgo a las finanzas públicas”.
Pero plantea que se pueden mitigar esos riesgos con “pedagogía con inversionistas nacionales e internacionales y calificadoras sobre este cambio y cómo se logrará bajar el riesgo; carpintería de precisión en la ley de competencias y la forma como se reducirá el Estado central”.
Así mismo, para disminuir alertas, añade, hay que “precisar cómo vamos a mejorar las competencias de gestión de los entes territoriales para administrar esos recursos y qué mecanismos más fuertes de control y seguimiento tendremos para garantizar la integridad de esos recursos; y estar atentos a la decisión de la Corte sobre la eventual inconstitucionalidad del acto por ausencia de un aval fiscal formal”.
No obstante, puso de presente que aunque la Cámara en último debate intentó acompasar este cambio al Marco Fiscal y a la regla fiscal, “lástima que en simultánea definió un porcentaje a transferir anualmente que no sigue ningún rigor técnico y que puede afectar lo anterior”, y se mostró “dispuesto a ayudar personalmente a que esta pedagogía y carpintería se haga bien”.
“Todos tienen razón”
El jurista Rodrigo Uprimny, de Dejusticia, explica que en Colombia, con excepción del predial, que es de los municipios, los impuestos e ingresos más dinámicos (como el IVA o el de renta) son nacionales. Por eso, agrega, para que las entidades territoriales tengan recursos para sus funciones y atender las necesidades básicas de su población, como educación, salud o saneamiento, la Constitución ordena que una parte de los ingresos de la Nación sean transferidos a las entidades territoriales: esas transferencias constituyen el SGP.
Expone que tanto los impulsores de la reforma como sus críticos, paradójicamente, tienen razón: “Si Colombia quiere una mejor democracia, requerimos superar las desigualdades regionales y fortalecer las autonomías territoriales, lo cual supone reforzar sus finanzas. Esto parece dar razón a los defensores de la reforma. Pero sus críticos aciertan en que la reforma, incluso con las mejoras introducidas por el Senado, no toma en serio las restricciones fiscales”.
Y concluye que ambas posturas también son insuficientes pues parecen suponer que la discusión esencial es el reparto de competencias y recursos entre la Nación, los departamentos y los municipios, pero ese régimen territorial ha mostrado sus limitaciones: “Debemos ir mucho más lejos y avanzar, con responsabilidad fiscal, hacia un Estado de regiones, como lo sugerían visionarios como Fals Borda, con competencias diferenciadas o asimétricas, según sus necesidades y capacidades. Una reforma al SGP sin reordenamiento territorial no creo que logre realmente avanzar a autonomías territoriales consolidadas”.
