BOGOTÁ. El Centro Democrático desmintió este viernes en un comunicado a la JEP “al señalar que hubo una supuesta política de facto que privilegió el conteo de cuerpos y, por ende, las bajas en la lucha contra el terrorismo, cuando las estadísticas demuestran lo contrario: en el período 2002-2010 hubo 53.000 desmovilizados, 36.000 capturados y 13.900 dados de baja en legítimos combates”.
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Por ello, agrega el partido uribista que “intentar legitimar una supuesta implementación de una política de facto que privilegiaba el conteo de cuerpos, sin siquiera ser capaces de mencionar elementos mínimos tales como las condiciones de tiempo y modo en las que se implementó dicha política; quién o quiénes son los responsables involucrados en la construcción y ejecución sucesiva de la misma y quiénes tuvieron conocimiento y por qué medios se enteraron de la supuesta política de facto, es un acto irresponsable que lo único que logra es estigmatizar a la Fuerza Pública y sus comandantes”.
Y concluye la colectividad opositora que estas afirmaciones “desdibujan a este órgano jurisdiccional y termina validando la propaganda construida por los enemigos y contradictores del gobierno del expresidente Álvaro Uribe y su política de seguridad democrática. Al final, este órgano se está convirtiendo en un instrumento de venganza política, alejándose de su fin primordial, que es satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
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El pasado jueves, la JEP dio a conocer los nombres de alrededor de 2 mil víctimas de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’, esclarecidos en profundidad en el Caso 03: Subcasos Costa Caribe, Antioquia, Norte de Santander, Huila y Casanare.
Agrega el tribunal de paz que 85 máximos responsables y comparecientes imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad ya han reconocido ante la JEP su participación por estos graves hechos: 81 miembros de la fuerza pública (entre ellos dos generales del Ejército) tres civiles y un agente del Estado. Otros seis generales retirados fueron igualmente imputados.
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“Los nombres de estas casi dos mil víctimas confirman e ilustran el universo provisional de hechos documentados en el Caso 03, sobre ‘falsos positivos’. Las 6.402 víctimas fueron asesinadas o desaparecidas (incluso en los cementerios municipales de Dabeiba, Carepa, El Copey, San Juan del Cesar, Ituango, entre otros) a manos de integrantes del Ejército Nacional, en numerosos casos con la cooperación de paramilitares, para ser presentadas como falsas bajas en combate y así satisfacer la presión por resultados operacionales, engrosando criminalmente las estadísticas oficiales de las muertes en combate”, indica la Jurisdicción Especial para la Paz.
Y puntualiza que “la JEP ha demostrado, por medio de abrumadora evidencia, que los ‘falsos positivos’ fueron cometidos de manera sistemática y que fueron desatados por la política de facto de conteo de cuerpos. Por eso, la JEP ha concluido que se trata de crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
