El presidente de la Comisión Tercera del Senado, Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, escogió a los ponentes de primer debate de la polémica Ley de Financiamiento, considerada como una nueva reforma tributaria para el país.
Se trata de los senadores Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal; Miguel Uribe, del Centro Democrático; Efraín Cepeda, del Partido Conservador; Antonio Zabaraín, de Cambio Radical; Juan Carlos Garcés, de La U; Jairo Castellanos, de En Marcha; Julio Estrada, del Pacto Histórico; y el propio Gallo.
Precisamente Gallo advirtió sobre este controvertido proyecto que “los bolsillos de los colombianos no aguantan un impuesto más”.
A su vez, Uribe Turbay señaló en sus redes sociales: “Como ponente designado de la reforma tributaria, haré todo lo que esté en mis manos para que este nefasto proyecto se caiga. Los colombianos no aguantan un impuesto más y menos para un gobierno que tiene los bolsillos llenos mientras en las regiones los recursos no se ejecutan”.
Y Cepeda Sarabia le había dicho a este diario hace semanas, frente a lo que viene ahora con la discusión de la Ley de Financiamiento por $12 billones, que “eso de tratar de imponer una reforma tributaria que ni siquiera se ha discutido, por $12 billones, no nos parece sano para la economía, mala señal se le envía al sector privado, a los ciudadanos, cuando el discurso es de reactivación de la economía pero esto va en la dirección contraria, porque la incertidumbre frena la inversión. Una ecuación muy simple: como ha habido tanta inseguridad jurídica y de algunos sectores del Gobierno hasta desprecio con el sector privado, la inversión viene cayendo en Colombia, cayó el 25% el año pasado y este año viene cayendo el 12%. Si cae la inversión, caen las utilidades empresariales y cae el recaudo tributario y es un contrasentido poder remediarlo con una reforma tributaria que genera más incertidumbre, más caída de la inversión”.
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Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó hace un par de semanas ante la Comisión Cuarta del Senado el polémico articulado, del que dijo incluye medidas de incentivo tributario para reducir progresivamente la tasa de renta corporativa: “El compromiso es que volvamos a senda de reducción de la tasa de renta corporativa y se plantea bajar del 35% a un promedio del 27,3% con tarifas diferenciales entre pequeñas, medianas y grandes empresas”.
Añadió que para el 2025, las empresas tendrían un ahorro de $8 billones, con el que podrían hacer otras inversiones.
Así mismo, precisó que la iniciativa persigue que no sea obligatorio que los hogares tengan que tramitar una hipoteca frente a créditos de mejoramiento de vivienda.
Esto debido a que, dijo, “parte de la reactivación económica del sector, es que se compren viviendas nuevas, que los hogares remodelen su hogar y los mejoramientos de vivienda. (...) En Colombia hay más de 6 millones de viviendas esperando mejoramiento y la reactivación también está en el remodelamiento de las casas, porque los colombianos no solo compran vivienda nueva, también compran usada y hacen cambios. Todo esto, aporta a la cadena del sector, por ejemplo a quienes venden materiales de construcción”.
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Desde septiembre pasado la cartera económica radicó la denominada Ley de Financiamiento, diciendo que “está orientada a financiar la inversión en 2025, permitiendo medidas que contribuyan a la reactivación económica y que interioricen los efectos de la acción climática, apuntalando las finanzas públicas de 2026 en adelante y permitiendo sufragar gastos prioritarios que contribuyan al cumplimiento de las metas sociales del Gobierno”.
Otros estímulos de la propuesta radicada están dirigidos al financiamiento y apoyo a las energías renovables, al desarrollo del turismo en municipios de menos de 200.000 habitantes. Así, se propone pasar los servicios hoteleros de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% a excluidos de este gravamen cuando se presten en estas regiones: “Esta medida tiene un impacto positivo en 1.089 municipios”, se lee.
Se incluye una extensión en la reducción del IVA para el proceso de renovación del parque automotor de transporte público y de carga, y dicho beneficio se extiende por cinco años, es decir, hasta 2029 priorizando los vehículos no contaminantes.
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No obstante, modifica el hecho generador del impuesto al patrimonio de 72.000 UVT hoy ($3.368 millones) a 40.000 UVT ($1.883 millones) y aumenta 5 puntos en la tarifa de ganancias ocasionales (tarifa general) del 15% al 20%, y en el caso de rifas y apuestas pasa del 20% al 25%.
Finalmente, aumenta la tarifa de renta para las personas naturales de mayores ingresos, es decir las superiores a $1.459 millones; aumenta la tarifa del del Impuesto al carbono de $25.000 por tonelada de CO2 a $75.000 y se modifica su destinación; y mantiene la tarifa de IVA de los vehículos eléctricos en 5%, pero los híbridos pagarán el 19%.
