Por 80 votos a 2 la plenaria del Senado aprobó este lunes en sexto debate la ponencia de la reforma al SGP que busca incrementar las transferencias de recursos a las regiones.
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El senador ponente, Ariel Ávila, de la Alianza Verde, explicó inicialmente el acuerdo de siete puntos, al que se llegó horas antes debido a las críticas que le han salido a la iniciativa por parte de sectores políticos y económicos.
El punto principal es el de reducir las transferencias del 46,5%, como se disponía inicialmente, al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación. Lo que en todo caso es un aumento notable desde el 21% actual.
Además, indicó, se condiciona la entrada en vigor del aumento de las transferencias a la expedición de la ley de competencias.
Así mismo, dijo el ponente que se extenderá la transición en dos años más, pasando de 10 a 12 años, comenzando este lapso cuando se expida la ley de competencias y esto no podrá ser antes de 2027.
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También, dijo Ávila, el proyecto debe dejar claro que los recursos nuevos del SGP para financiar la educación deberán usarse para aumentar en cuatro años la cobertura escolar por persona.
En el articulado, de igual modo, debe quedar claro que el aumento del SGP es para cerrar las brechas que históricamente han padecido las regiones.
Y finalmente quedará expreso un artículo que condicione el aumento del SGP a la compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
A su vez, su copartidario, el senador Iván Name, advirtió: “Aquí se hicieron todas las contrarreformas y reversaron la Constitución del 91, y es que la guerra proviene de nuestro modelo centralista y presidencialista”.
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Calificó por ello a los opositores del proyecto de acto legislativo de tener una actitud de “cachaquería ideológica y cultural que aún hoy nos asfixia, que es la causa del atraso, la pobreza y la guerra”.
Entre tanto, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, señaló que “el centralismo nos ha hecho daño desde hace 200 años en este país”.
Y concluyó que “el 90% de los municipios del país son de categoría sexta, un alcalde poco puede hacer con sus recursos, qué importante que el gobernador pueda ayudarles”.
No obstante, un sector del Senado apuesta por no subir las transferencias de recursos a las regiones no al 39,5% sino al 37%.
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La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, planteó: “Este puede ser un cheque ‘chimbo’ y sin fondos, el monto puede ser una cantidad incumplible”.
Por lo que propuso: “Voto que sí a este proyecto con un 37% calculado por la Misión de Descentralización y le pido al ministro de Hacienda que sustente que no va a ser un cheque ‘chimbo’”.
A su vez, el senador Humberto De la Calle, de la Coalición de la Esperanza expuso: “Voy a votar favorablemente porque este es un gran debate, me oriento en la línea del 37% y me parece que este es un debate provisional, lo que hicimos en el 91 fue fijar un porcentaje, el procedimiento debió ser primero debatir qué necesita Colombia en sus territorios y de ahí sacar el porcentaje”.
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, puso de presente serios cuestionamientos a la reforma.
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“No soy centralista, pero vengo de un departamento gobernado por unas mafias políticas que se han robado hasta el último céntimo: en el Cauca terminó la plata en las campañas políticas”, dijo la parlamentaria opositora.
Así mismo, adelantó que “una vez se apruebe este proyecto vamos a perder la calificación de la deuda y cada vez que se haga una reforma tributaria vamos a terminar cobrándoles a los colombianos el doble de lo que se pretenda”.
Indicó Valencia que en 12 años el déficit fiscal del país subirá a $500 billones.
“Lo que hacen es anticipar reformas tributarias en un país que no aguanta más impuestos”, sentenció.
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Se trata del sexto de ocho debates que necesita el proyecto de acto legislativo para convertirse en ley.
De ser aprobado en el pleno del Senado, la iniciativa deberá atravesar dos debates más en Cámara.
Previamente, el presidente Gustavo Petro había anunciado este lunes: “He tomado la decisión de apoyar el proyecto de reforma constitucional que adelanta el Congreso al Sistema General de Participaciones, es decir el dinero de la Nación que va a los municipios bajo las siguientes condiciones: el aumento del 26% al 46% de los ingresos corrientes de la nación que se trasladan debe ser gradual”.
También señaló el jefe de Estado en sus redes sociales: “Debe supeditarse a una ley de competencias para los municipios, es decir, que se trasladan competencias que antes hacía la Nación con sus recursos, con lo cual no aumenta el déficit fiscal”.
“La fórmula de reparto en la ley de competencias debe cerrar las brechas entre las regiones y, por tanto, debe privilegiar las regiones más excluidas para concretar la paz”, se lee.
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Añade el mandatario en este sentido que “el aumento de competencias en salud debe cubrir todo el sistema de salud primaria para los municipios, en educación debe contemplar la educación de tres años de preescolar, la jornada única, los dos años de educación superior gratuita en los colegios de media”.
Y puntualizó que “ante el incremento sustancial del poder del municipio que el acto legislativo produce, se necesita una ciudadanía más unida y organizada que haga que el salto en la descentralización se convierta en un salto a profundidad, de la democracia local. El dinero no es para las mafias locales, es para las necesidades de la ciudadanía”.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, acompañó este lunes el sexto debate de la reforma al SGP en la plenaria del Senado.
Para el mandatario departamental, lo que está en juego es fundamental para las finanzas de los entes territoriales que han sido duramente golpeadas con el paso del tiempo y que por decisiones de algunos presidentes no se ha respetado la decisión del poder constituyente de 1991 que ordenó que la distribución de los Ingresos Corrientes de la Nación se dieran casi que por partes iguales entre los departamentos, distritos y municipios, por una parte, y la Nación, por otra.
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“La distribución de los recursos que hace el centralismo aplasta el trabajo que hacemos los mandatarios de las regiones, por eso aplaudo la decisión del Gobierno de presentar un acto legislativo que busque equilibrar las finanzas de los territorios y que las funciones que se nos transfieran vayan acompañadas de recursos, y más si son recursos para los más pobres como los que se destinan para el mejoramiento de los servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico en los municipios, distritos y departamentos para elevar la calidad de vida de las poblaciones”, dijo.
A su vez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo desde la COP16 en Cali, en un evento que reunió a los gobernadores, que “el diálogo debe ser entre todos los colombianos para mirar qué competencias, qué hacen mejor los departamentos y municipios de Colombia y qué funciones debe hacer el Gobierno Nacional de mejor manera y definir cómo distribuimos el poder y los recursos del Estado manteniendo con toda claridad la sostenibilidad fiscal del país”.
Y agregó el jefe de la cartera política: “Decir que el Estado vaya a la quiebra con esta ley es una lectura facilista, no han querido entender que viene una ley de competencias. Hay que decirlo con claridad: hay gente que quiere seguir aferrada a la contrarreforma que se hizo en 2001 que le significó a los departamentos y municipios que perdieran más de $400 billones con los cuales se quedó el Estado central, no podemos seguir en esa situación debilitando cada día más nuestros territorios porque eso, entre otras cosas, amenaza la paz territorial y la seguridad del país”.
Finalmente, explicó que se trata de un rediseño del Estado parecido al que se hizo en España con las autonomías cuando retornaron a la democracia hace más de cuatro décadas.
Un listado de 27 exministros y exviceministros enviaron una carta al Congreso advirtiendo sus preocupaciones sobre la reforma al SGP.
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Los exfuncionarios ponen de presente que los gastos inflexibles del Presupuesto General de la Nación ascienden a $362,4 billones, es decir, el 113% de los ingresos corrientes proyectados por el Gobierno.
Por ello, aseguran que el Gobierno no tiene otra alternativa distinta que la de endeudarse, incrementando año tras año el monto de la deuda pública, para financiar el resto de gastos de funcionamiento.
“El proyecto de acto legislativo agravaría la situación. La inflexibilidad del gasto del Presupuesto General de la Nación aumentará considerablemente. No se apoya el proyecto en una redistribución clara de las competencias entre la Nación y las entidades territoriales, asunto que se deja para que leyes posteriores, de incierto trámite, resuelvan esa situación”, se lee.
Agregan en este sentido que “aun cuando es necesario cambiar las responsabilidades y competencias entre la Nación y las entidades territoriales en un marco de sostenibilidad fiscal, se deben definir y cuantificar primero cuáles serán las responsabilidades que dejarán de ser de la Nación y que asumirán las entidades territoriales, y allí sí, de una manera responsable, definir la distribución de recursos entre ellas”.
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Y advierten que “cada vez que se necesiten recursos nuevos para la Nación, como muy seguramente ocurrirá de aprobarse este acto legislativo, será necesario adoptar proyectos de reforma tributaria, pero estos aumentarían automáticamente el gasto público por el incremento en el Sistema General de Participaciones”.
Entre los firmantes figuran Luis Fernando Alarcón, Germán Arce, Francisco Azuero, Héctor Cadena, Mauricio Cárdenas, Alberto Carrasquilla, María Mercedes Cuéllar, Juan Carlos Echeverry, Rudolf Hommes, Bruce McMaster, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo.
