Este martes, 8 de octubre, fue radicado ante el Senado de la República un proyecto de reforma judicial que busca reducir la impunidad y mejorar la eficiencia del sistema penal acusatorio colombiano. La propuesta fue presentada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón; y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz.
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El proyecto plantea cambios sustanciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), con el objetivo de disminuir los tiempos procesales, garantizar una justicia más rápida y ajustada a las necesidades de los ciudadanos, y asegurar el respeto a los derechos de las víctimas.
Se propone, entre otros ajustes, la flexibilización de figuras como los preacuerdos y el principio de oportunidad, herramientas que en los últimos años han sido limitadas en su aplicación: “El proyecto retoma el espíritu original del sistema penal colombiano (...), que ha ido sufriendo modificaciones, aumentando las restricciones a estas figuras”, dijo el Minjusticia.
En el documento radicado se argumenta que solo el 10 % de los casos que ingresan al sistema penal colombiano se resuelven mediante mecanismos de terminación anticipada, lo que genera una sobrecara en los tribunales y un aumento en los tiempos de resolución de los casos.
Con esta reforma, se busca elevar ese porcentaje para que más casos se resuelvan de manera ágil, siguiendo modelos aplicados en otros sistemas acusatorios internacionales.
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“Actualmente, solo el 10% de los casos que ingresan al sistema penal son resueltos por mecanismos de terminación anticipada. Con la reforma se busca revertir esta situación para que un mayor porcentaje de casos pueda resolverse de manera rápida y eficiente, sin llegar a juicio”, precisó la entidad.
¿Qué propone la reforma?
Como bien se mencionó, los cambios propuestos han sido elaborados tras un proceso de discusión con diversos sectores y tienen como meta restituir el equilibrio del sistema penal nacional, creado en 2004, pero que ha sufrido alteraciones a lo largo de los años que, según los proponentes, han debilitado su eficacia.
Entre sus medidas, el articulado del proyecto propone la posibilidad de extinguir la acción penal cuando se logre la reparación integral a las víctimas. Además, también se plantea la aplicación del principio de oportunidad desde la fase de indagación, lo que permitiría a la Fiscalía General de la Nación resolver ciertos casos antes de llegar a la etapa de juicio.
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Asimismo, se propone que las personas capturadas en flagrancia puedan recibir beneficios por allanamiento de cargos, en condiciones similares a aquellos que no han sido aprehendidos de esta manera, lo que podría acelerar la resolución de los procesos.
Otra de las propuestas relevantes es la ampliación del procedimiento de allanamientos y preacuerdos a todos los delitos, eliminando las actuales restricciones que limitan su aplicación a ciertos tipos de crímenes.
En cifras
De acuerdo con lo que dieron a conocer las autoridades, en 2022, se reportaron 1′648.871 noticias criminales, cifra que aumentó en 2023 a 1′815.751 y que hasta la fecha, en 2024, ya asciende a 559.313. Estas estadísticas, según el Ministerio de Justicia, reflejan el incremento en las actuaciones penales y la saturación del aparato judicial.
Al mismo tiempo, en 2023, la Fiscalía radicó 52.278 escritos de acusación, de los cuales solo 2.742 resultaron de preacuerdos, lo que representa apenas un poco más del 5% del total, una cifra alejada de los objetivos originales del SPOA.
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En este contexto, la reforma busca no solo agilizar la resolución de casos, sino también evitar fenómenos como la prescripción de delitos, el vencimiento de términos procesales y la revictimización de quienes han sido afectados por los crímenes.
La implementación eficiente del principio de oportunidad y de los preacuerdos permitiría a la Fiscalía concentrarse en los casos más complejos, reduciendo así los tiempos de espera para las víctimas y garantizando una administración de justicia más eficaz.
