El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio un paso decisivo en la investigación sobre posibles irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este martes, 8 de octubre, la sala plena del CNE votó a favor del pliego de cargos que señala presuntas violaciones a los topes de financiamiento electoral por parte de la campaña del actual jefe de Estado.
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De acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta el momento, la cifra que se investiga asciende a los 5.300 millones de pesos, que, según el órgano electoral, habrían superado los límites permitidos por la ley.
La formulación de cargos marca el inicio de una investigación formal que pondría bajo escrutinio no solo al presidente Petro en su calidad de candidato, sino también a varias personas que fueron fundamentales dentro de su equipo de campaña.
Los implicados
Entre los implicados se destaca Ricardo Roa Barragán, quien fue gerente de la campaña presidencial y quien, a diferencia de Gustavo Petro, no cuenta con fuero especial que lo proteja en este proceso administrativo.
Roa, actual presidente de la compañía Ecopetrol, podría enfrentarse a serias implicaciones, lo que lo convertiría en uno de los principales afectados si se confirman las irregularidades.
Además del ahora primer mandatario y el directivo de la petrolera, el CNE también incluyó en el pliego de cargos a otras figuras de la campaña.
Entre los señalados se encuentran también Lucy Aidee Mogollón Alfonso, quien se desempeñó como tesorera de la campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, quienes actuaron como auditores.
Asimismo, los partidos políticos Movimiento Colombia Humana y Unión Patriótica, que respaldaron la candidatura de Gustavo Petro, fueron involucrados en la investigación del Consejo Nacional Electoral.
¿Qué ocurriría si se comprueba la violación de los topes?
El proceso administrativo que ha sido iniciado por el CNE podría tener repercusiones más amplias si los cargos contra Petro y su equipo avanzan.
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En caso de que se determine la responsabilidad del presidente, el organismo electoral compulsaría copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, entidad que ya está llevando a cabo una investigación por los mismos hechos. Esta comisión es la única que tiene potestad de investigar y juzgar al presidente de la República.
De acuerdo con el procedimiento, las personas y entidades involucradas tendrán 15 días hábiles para presentar sus descargos. Posteriormente, comenzará el término probatorio, que la ley establece como un periodo de 60 días, seguido de un lapso de 30 días adicionales para la toma de decisiones por parte del CNE.
Según estos tiempos procesales, se espera que para diciembre de 2024 haya una resolución final sobre este caso.
