Tal y como estaba prevista, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radió la cuestionada reforma política del gobierno Petro.
De acuerdo con el funcionario, Los tres ejes centrales del proyecto son la transparencia y financiación 100% estatal de las campañas, el fortalecimiento de los partidos y listas cerradas con equidad de género, y la garantía de una autoridad electoral estable e independiente de la política partidista.
Sin embargo, algunos congresistas de la oposición revelaron los supuestos riesgos de la nueva reforma política que será debatida en el Congreso de la República.
Luego que la reforma fuera radicada, la senadora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, emitió un comunicado en el que expresó sus críticas señalando que no resuelve los problemas estructurales del sistema electoral.
De acuerdo con la senadora, la propuesta agrava la situación al buscar un mayor control sobre los partidos y debilita al Consejo Nacional Electoral.
Sobre esto, la congresista destacó algunos aspectos preocupantes como:
* “Regreso a las empresas electorales: La posibilidad de crear movimientos con personería jurídica con solo 80.000 afiliados nos haría volver a las empresas electorales de antes de 2003, cuando el país contaba con 72 partidos.”
* “Un regalo para el Pacto Histórico: El Gobierno planea otorgar personería jurídica por 4 años a los partidos y movimientos actuales, sin exigirles cumplir el umbral en 2026, beneficiando principalmente al Pacto Histórico.”
* “Financiación estatal para controlar el sistema: La propuesta de eliminar la financiación privada y depender exclusivamente del Estado dejaría a los partidos a merced del Ministerio de Hacienda, que podría condicionar el desembolso de recursos para presionar la aprobación de reformas o afectar a la oposición.”
* “Ataque al Consejo Nacional Electoral: El Gobierno busca que las Cortes, y no el Congreso, elijan a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, lo cual Paloma Valencia ve como una represalia por las investigaciones en curso contra la campaña presidencial por presunta violación de topes.”
Asimismo, el senador Miguel Uribe criticó la nueva iniciativa del gobierno Petro y señaló que con la reforma Política, el mandatario “busca pagar favores a los criminales de las FARC”.
“Nadie votará por el partido Comunes en el 2026, pero de aprobarse estos parágrafos, garantizarán su personería jurídica y con ella la financiación estatal. Le tienen miedo a las urnas y buscan la vía cómoda para mantener sus curules.”, expresó el congresista a través de su cuenta de X.
Opiniones del ministro del Interior
Sobre la reforma, presentada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el minsito Cristo dijo que “la ciudadanía está expectante con que el Congreso tome decisiones en materia política. Al Congreso le llegó la hora de tomar decisiones para mejorar el sistema político”.
Explicó además que busca avanzar en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de 2016 y acatar las recomendaciones de la Misión Especial Electoral de 2016, fruto de ese acuerdo, frente a la apertura y funcionamiento del sistema político.
Sobre la financiación 100% estatal de las campañas, dijo el jefe de la cartera política que la propuesta busca reducir la influencia indebida de los intereses privados y garantizar una competencia electoral más equitativa.
“Las donaciones, dádivas y regalos de ciudadanos a campañas quedarán prohibidas, así como la contratación de transporte para votantes el día de los comicios. Así mismo, se garantiza igualdad entre las fuerzas políticas en convivencia y se favorece la rendición de cuentas de las campañas ante los topes electorales”, explicó.
En cuanto a la implementación de listas cerradas y en cremallera, garantizando la equidad de género, para las elecciones a Congreso, asambleas y concejos a partir de 2030, tiene como objetivo fortalecer la cohesión interna de los partidos y garantizar una representación más organizada y programática.
“Las listas cerradas garantizan una representación colectiva de los partidos previniendo conflictos internos. A su vez, los costos se ven reducidos por la eliminación de la competencia interna y la promoción de campañas conjuntas. Queremos partidos con militancia carnetizada, con democracia interna sólida y que sea esta la que decida los lugares de la lista y garantice la equidad de género en la política”, anotó el ministro.
Y frente a la creación de una autoridad electoral independiente de las fuerzas políticas “tiene como propósito asegurar un proceso electoral transparente y confiable. Al eliminar la influencia directa de los partidos sobre la autoridad electoral, se busca mayor imparcialidad y confianza ciudadana en los resultados. La autoridad electoral central tendrá entre sus nuevas facultades: vigilar y ajustar el censo electoral, fijar topes de gasto de las campañas y revocar las candidaturas de personas inhabilitadas”, sostuvo.
