El próximo 24 de septiembre en la plenaria del Senado se realizará el debate de moción de censura contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presuntamente implicado en el caso de corrupción de la Ungrd.
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El citante al debate es el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, quien en su momento había anunciado: 'Radicaré solicitud de moción de censura y Colombia verá de qué lado están los congresistas. Es con hechos, no con lengua'.
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Durante la audiencia de unas seis horas del pasado 7 de agosto, en el marco de la solicitud de medida de aseguramiento en guarnición militar contra el ex director de la Ungrd, Olmedo López; el exsubdirector Sneyder Pinilla y el contratista Luis López, conocido como El Pastuso, la Fiscalía reveló audios y chats en los que al parecer resultan implicados altos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el saliente director de la DNI, Carlos Ramón González; la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz y el director de Función Pública, César Manrique, en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de desastres, Ungrd.
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La Fiscalía advirtió que que Olmedo 'coordinó con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera del Congreso, esto es: Julio Elías Chagüi, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo'.
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Bonilla ha respondido que los proyectos en Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar fueron radicados en la Ungrd en 2021 y 2022, antes del actual gobierno, que no existió ningún “cónclave” y que las reuniones del 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023 “fueron oficiales, legalmente convocadas y con agendas específicas, tal como lo dispone la ley”.
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Y agrega que “según el mandato legal, el ministerio debe hacer seguimiento a los proyectos sin que esto implique interferencia indebida. (...) Este ministerio debe supervisar y asistir a las entidades del legislativo y territoriales, asegurando que los proyectos se ejecuten eficazmente”.
