Aunque todos esperaban que este viernes se radicase el polémico proyecto de la reforma a la salud por parte del Gobierno, se conoció que la iniciativa será presentada al Congreso de la República la próxima semana.
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El articulado, cuyas líneas generales han sido socializadas con la mayoría de los sectores políticos, menos con el Centro Democrático que rehusó la reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, viene aparentemente consensuada con gran parte de las EPS.
'Estamos cumpliendo con las instrucciones del presidente y con el compromiso de no radicar proyectos de ley de la agenda prioritaria del Gobierno sin antes socializarlos y sin antes buscar los mayores consensos posibles con las bancadas. Estamos terminando', dijo la semana pasada el jefe de la cartera política.
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A mediados de este mes se conocieron detalles de la nueva reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro que, por ahora, solo tendrá 48 artículos, que sugieren una priorización de los puntos que traía la pasada reforma hundida en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado en la segunda legislatura.
Se plantea por ejemplo la creación del Consejo Nacional de Salud, estará adscrito al Ministerio de Salud y en el que tendrán representación los trabajadores de la salud, organizaciones representativas de los profesionales de la salud, pacientes, academia y facultades de salud y grupos étnicos, campesinos y víctimas del conflicto.
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También sobreviven los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que podrán ser de carácter público, privado o mixto, y que tendrían la labor de constituir la primera atención en salud para la población.
Igualmente persiste la propuesta de darle un mayor poder a la Adres para que logre 'recaudar todos los recursos fiscales y parafiscales que legalmente deben ingresar al Fondo Único Público de Salud”. Es decir que además de realizar los pagos y asumir como pagador único del sistema de salud, deberá efectuar giros directos “a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, de naturaleza pública, privada y mixta”.
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Las EPS, como en la pasada reforma, pasarán a ser gestoras de salud y vida, pero tras los acuerdos que han logrado estas empresas y el Gobierno, se establece que el período de transición será de dos años, habrá una “remuneración” para las gestoras en el que se les reconocerá el 5 % de la UPC, aunque si no cumplen los estándares establecidos recibirían hasta un 30 % menos de sus ingresos por remuneración, y en caso de reincidencia serán objeto de revisión por parte de la Supersalud, pero así mismo recibirían hasta el 3 % más del valor de la UPC cuando se encuentre que están haciendo un uso eficiente de sus recursos.
Y de igual modo, con relación al Invima, se propone que “se ofrecerán alivios financieros a las personas con deudas por sanciones pecuniarias con el Invima al 30 de septiembre de 2023'.
