Este martes, el representante Carlos Felipe Quintero Ovalle radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes dos proyectos de ley enfocados en el fortalecimiento de los escenarios de deliberación y democracia como los debates presidenciales y la obligatoriedad de que el presidente de la República, el vicepresidente, los gobernadores y los alcaldes se practiquen un examen médico anual.
En ese sentido, el primer radicado de Quintero Ovalle fue el proyecto de ley 'Por medio del cual se crea la obligación de asistir a debates presidenciales a los candidatos, se modifica la Ley 966 de 2005 y se dictan otras disposiciones'.
'Este proyecto de ley nace por la constante inasistencia de los candidatos a los debates presidenciales. A algunos no les parece importante participar en estos debates, cuando en realidad son espacios en los que el electorado puede conocer más a fondo la visión y propuestas de los candidatos ', manifestó Quintero.
En ese orden de ideas, explicó que los candidatos deberán asistir a mínimo dos debates durante el periodo de la campaña presidencial y un tercero en caso de que se presente una segunda vuelta electoral.
Los candidatos que no asistan a los debates serán sancionados con la reducción de los espacios de publicidad audiovisual, establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Dichos espacios se repartirán de manera equitativa entre los demás candidatos.
El otro proyecto radicado 'establece la práctica obligatoria de un dictamen médico integral anual para el presidente de la República, el vicepresidente, los gobernadores y los alcaldes y se dictan otras disposiciones'.
'Este proyecto consiste en verificar a través de un examen médico que los mandatarios cuenten con una salud y condición psicológica óptima que les permita cumplir a cabalidad sus funciones. El propósito es evitar que un padecimiento de salud no detectado ponga en riesgo la toma de decisiones de los mandatarios y afecte la calidad de vida de la población', argumentó Quintero.
Agregó que el examen médico integral anual sería realizado por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. En caso de que el funcionario al que se le realice el examen médico no esté de acuerdo con el resultado, podrá impugnarlo ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
