Contrario a lo que sectores de la oposición consideran y celebran, la salida de Karen Abudinen del ministerio de las TIC no soluciona el problema de conectividad en el país. Todo lo contrario: lo agrava. Y lo agrava porque con su renuncia podría quedar inconclusa la tarea en la que Abudinen se había empeñado en las últimas semanas: desenmascarar a quienes con dolo y mala fe diseñaron el entramado de corrupción que no solo le costó el puesto, sino que tiene en vilo la suerte de los 70.000 millones de pesos que ese Ministerio dio de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados (UTCP). De esta forma, 7.277 planteles educativos en zonas rurales de 15 departamentos quedarían sin servicio de Internet.
La salida de Abudinen del Ministerio de las TIC es el resultado natural del costo político que debió pagar por las anomalías, irregularidades y hasta delitos que habrían ocurrido en la celebración del contrato más importante bajo su órbita como jefe de la cartera de Comunicaciones. Su responsabilidad es, pues, política.
Así lo entendió la propia ex ministra cuando desde el primer momento puso a disposición del presidente Duque su cargo como jefe de la cartera de Comunicaciones. Más que atornillarse en el cargo, como sostienen los opositores del Gobierno, lo que Abudinen se propuso desde el mismo instante en que estalló el escándalo no fue nada distinto a esclarecer todo lo sucedido y que los responsables paguen por sus delitos.
Es por ello que al recibir el voto de confianza por parte de Duque, la ex ministra se ocupó con mayor dedicación a mostrar resultados en dos frentes fundamentales: continuar con la tarea asignada por Duque cuando la nombró en mayo del año pasado de lograr la conectividad del 70 por ciento del país, especialmente en las zonas rurales; y desenmascarar a quienes urdieron el entramado de corrupción que puso en peligro uno de los programas bandera del Gobierno. Con su salida ambas tareas quedaron inconclusas.
