Reacciones de todo tipo produjo la publicación por parte del expresidente Álvaro Uribe del borrador del referendo para reformar aspectos del sistema judicial colombiano.
Entre los temas que incluye el documento se encuentran la derogación de la JEP, el establecimiento de una o dos cortes y la reducción del 30% del Congreso.
Al respecto, el senador Iván Cepeda, del Polo, escribió en su Twitter: 'Uribe, exsenador sub júdice, promueve un referendo para acabar con los altos tribunales y la JEP. Sería más sincero que promoviera directamente un indulto de punto final a las investigaciones de los crímenes perpetrados por políticos que han ejercido altos cargos en el Estado'.
Entre tanto, Juan Carlos Pastrana, hermano del expresidente Andrés Pastrana, señaló que 'Uribe está proponiendo como tema de referendo lo que ha debido ser el programa de gobierno de Duque'.
El subdirector de la Fundación Pares, Ariel Ávila, comentó: 'Brutal esto. Destrucción del Estado de Derecho y populismo de autortarismo competitivo. Destrucción de rama de la justicia. Reducción del Congreso para volverlo más manipulable. Destrucción de libertad de cátedra. ataque a Fecode'.
El militante del Centro Democrático, Rafael Nieto, puso de presente que 'el referendo es el camino para destrabar la falta de consenso político e institucional sobre temas cuya resolución es definitiva para el país. Cuente conmigo, presidente Uribe, para acompañarlo en esta batalla, crucial para el futuro'.
Fernando Posada, analista político, advirtió en cambio: 'Cada vez que Uribe pierde popularidad o relevancia sale a proponer un referendo en total contravía de la institucionalidad. Si algo ha mostrado la historia es que a esos proyectos caudillistas y autoritarios solo los frena una institucionalidad sólida. Por eso debemos protegerla'.
Y el senador Santiago Valencia planteó que ante el referendo propuesto 'es importante el consenso con otros movimientos políticos y sociales. Eficiencia y eficacia en la justicia'.
En el borrador se propone la protección remunerada por parte del Estado de ecosistemas estratégicos como Amazonía, la Orinoquia, el Litoral Pacífico, entre otros, a través de moradores ancestrales y miembros de comunidades locales.
Así mismo, plantea ajustar con inflación la nómina total y los gastos de funcionamiento del sector público, precisando que 'para aumentarle más a unos servidores habría que tener ahorros compensatorios'.
En cuanto a la protección de líderes sociales, el homicidio de estas personas tendrá la sanción de homicidio agravado, sin medidas sustitutivas de la pena.
'El Estado entregará un bono pensional a los recién nacidos de hogares vulnerables. Solamente uno por familia' y el Estado también 'garantizará la gratuidad en la educación con focalización socioeconómica. Podrá hacerlo a través de instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias'.
Trae el documento el punto de que para mayor inversión social, los egresos estatales en nómina directa o indirecta se congelarán en términos reales durante seis años.
'El Estado apoyará con un recurso económico a las personas de mayor vulnerabilidad, nadie estará por debajo de la línea de pobreza monetaria', indica.
De igual forma, 'establecer una o dos altas corporaciones judiciales, sin funciones electorales. Elección de magistrados con edad mínima de 55 años, para períodos de 12 años o hasta una edad de retiro forzoso o vitalicio, elegidos por cooptación' y 'crear un Tribunal de Aforados que dé independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados, el cual garantice imparcialidad, verdad y justicia'.
Se propone derogar la Jurisdicción Especial de Paz y que sus funciones se trasladen a la jurisdicción ordinaria, manteniendo los beneficios judiciales o la reducción de los períodos de los actuales magistrados.
Así como la creación de una sala especial para los miembros de la fuerza pública, con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales. Y los miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos antes del 1° de diciembre de 2016, al cumplir cinco años de condena, podrán solicitar la libertad condicional. Aquí se exceptúan delitos sexuales, secuestro, entre otros.
'Las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser miembros del Congreso, ni de corporación alguna de elección popular', se lee, por último.
