Jaime Granados, abogado del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, le pidió en una carta a la Corte Suprema de Justicia que ahora que su cliente renunció al Senado, su expediente pase al conocimiento de la Fiscalía.
El máximo tribunal de la justicia ordinaria deberá decidir si el proceso se queda en el Palacio de Justicia o si va al búnker, analizando si las conductas por las que señalan al líder del Centro Democrático de presunta manipulación de testigos tuvieron relación con su papel de parlamentario.
'Las conductas punibles que son objeto de investigación ningún vínculo tienen con el desarrollo de esta función', se lee en la misiva.
Afirma además que la denuncia de Uribe contra el senador Iván Cepeda, del Polo, víctima en el caso, no se produjo tras un debate de control político producido en la plenaria de Senado en 2014, cuando ya el expresidente era legislador: 'Resulta pertinente aclarar que las conductas que son objeto de investigación nada tienen que ver con un debate de control político, promovido el 17 de septiembre de 2014, por Iván Cepeda Castro (...), pues la denuncia ya había sido presentada desde el año 2012, siendo admitido mi prohijado, desde ese mismo año, como parte civil, en ese proceso'.
Finalmente, al referirse a los cuestionamientos de la Corte al exmandatario por presuntamente usar a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, para asuntos de su proceso, Granados asevera que 'no hubo uso de personal adscrito a la UTL de mi prohijado para el desarrollo de las conductas punibles que le han sido imputadas'.
