Luego de que los presidentes de Senado, Arturo Char, y de Cámara, Germán Blanco, anunciaran que las sesiones en esta nueva legislatura seguirán siendo virtuales, pero con aval para quienes quieran asistir de manera presencial guardando las medidas de bioseguridad, volvió a encenderse la polémica sobre si los parlamentarios deben o no ir al Capitolio.
Char expidió la resolución amparada en la autonomía del Legislativo y en el reciente fallo al respecto de la Corte Constitucional. La idea, según el documento, es evitar el contagio entre los funcionarios.
Todo esto asegurando que las sesiones remotas 'garantizan el debate, la deliberación, la confidencialidad, la privacidad, la seguridad, la comunicación simultánea, las proposiciones, los acuerdos, el control político, decisiones y elecciones y la participación ciudadana'.
La discusión, ahora, tiene un espacio propicio, pues la Comisión Primera del Senado tramita en tercer debate un proyecto de ley del representante José Daniel López, de Cambio Radical, y del senador Andrés García Zuccardi, de La U, para reglamentar las sesiones remotas e incluirlas en el reglamento del Congreso.
'Lo que hace este proyecto de ley es reformar la Ley 5 para establecer que cuando se den circunstancias de fuerza mayor que impidan la reunión presencial de los miembros del Congreso, este pueda sesionar en dos modalidades: mixta, que es la que implementamos en la Cámara, o de manera virtual, como opera el Senado. Y no es posible sesionar de manera presencial porque hay unos parlamentarios contagiados, otros esperando pruebas y otros con preexistencias', le dijo López a EL HERALDO.
Un bloque parlamentario, liderado por el senador Roy Barreras, de La U, presentó un proyecto en contra, para regular las sesiones semipresenciales, evitando que en ellas se pueda dar trámite a reformas constitucionales, juzgar a altos funcionarios del Estado por responsabilidad política y elecciones de cargos como jefes de entes de control y magistrados.
'Hay que reformar la Ley 5 para autorizar la virtualidad, de lo contrario sería ilegal. Por lo tanto, no vale la pena poner en riesgo toda la legislatura. Con el mensaje de urgencia del proyecto que radiqué sobre las sesiones virtuales con excepciones, podríamos aprobarla en dos o tres semanas. Aprobemos este proyecto para legalizar la virtualidad, pero con excepciones para que no se pueda por virtualidad elegir procurador, magistrados de la Corte ni reformar la Constitución', indicó Barreras.
La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, dijo que 'mientras el Gobierno mantenga el aislamiento obligatorio, las sesiones del Congreso deben ser virtuales. Desde abril pasado estamos sesionando así, hemos hecho debates de control político, hemos aprobado y debatido proyectos de ley, y no veo ningún impedimento para que sigamos así y se evite que haya riesgo de contagio masivo. Si somos un sector que puede trabajar virtualmente, lo debemos hacer'.
La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, indicó que en esta discusión se está hablando de la esencia de la democracia.
'El Congreso no puede desempeñar sus funciones de cualquier manera por dos principios de alcance constitucional: Primero, la Corte declaró inexequible el artículo que autorizaba las sesiones virtuales, es decir las sesiones presenciales son la regla general. Y segundo, una sentencia de la Corte de 2003 que trató sobre sesiones virtuales de concejos municipales por situaciones de orden público dijo que la virtualidad es posible si se garantizan ‘las reglas básicas del juego democrático y político: el debate, la participación y la publicidad de los actos’'.
Reformas a decretos
Ocho parlamentarios de distintos partidos presentarán 15 proyectos de ley para reformar o derogar 12 decretos legislativos emitidos por el presidente Iván Duque al amparo de la emergencia por la pandemia del coronavirus
Los senadores Roy Barreras y Roosvelt Rodríguez, de La U; Rodrigo Lara, de Cambio Radical; Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; Jorge Londoño y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde e Iván Cepeda, del Polo Democrático, señalaron en un comunicado que estas medidas violan derechos y envían recursos a entidades financieras.
El primer decreto derogado sería el 492, 'porque facilita la privatización de activos de la Nación o de entidades del Estado tales como Banco Agrario, Fondo Nacional del Ahorro, Bancoldex, Finagro y Findeter', se lee.
