Este miércoles el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue citado a un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado tras los recientes hechos en el interior de las instituciones militares, como el Ejército y la Armada Nacional, que han generado polémica y marcan la ‘mala hora’ de la Fuerza Pública.
Entre las primeras acciones que anunció el ministro de Defensa está el retiro de 11 oficiales, los cuales no fueron identificados, por presuntamente haber hecho seguimientos o perfilamientos a un grupo de periodistas, políticos, ONG y funcionarios del Gobierno.
Pero unas semanas más tarde, otro escándalo sufrieron las fuerzas militares cuando el gobierno venezolano denunció que había unas lanchas de combate de la Armada Nacional en aguas del vecino país. Por este hecho, el almirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada Nacional, informó del retiro de 14 uniformados.
Quedó expresado por la Armada Nacional que la razón del retiro fue por 'incumplimiento de los procedimientos tácticos fluviales por parte de la tripulación del elemento de combate fluvial', lo que habría conducido, según el almirante Ramírez, a que los encargados no pudieran responder de manera oportuna ante la emergencia que se presentó (cuando se desataron las lanchas de donde estaban amarradas).
Así las cosas, las fuerzas militares afrontan duros cuestionamientos por parte de autoridades internacionales, como las del vecino país, así como de la opinión pública, de las víctimas del supuesto espionaje y de los congresistas que exigen explicaciones de lo ocurrido, más allá de sólo el retiro de algunos de los miembros de la institución.
Debate en Senado
Trujillo, desde la Comisión del Senado, fue enfático en decir al referirse a los presuntos perfilamientos en el interior del Ejército que estos no responden a una política de Estado o de Gobierno.
'El Gobierno no puede aceptar que acciones individuales de miembros de una institución sean usadas para referirse a todos. Es una acción que presuntamente cometieron algunos de los miembros', precisó el jefe de la cartera de Defensa.
Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, dio el nombre de 9 generales, quienes, según afirmó, 'están detrás de las acciones ilegales' que denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Entre los actos que señaló están el desvío de dineros públicos para gastos personales, el haber recibido dinero a cambio de salvoconductos para armas de integrantes de la Oficina de Envigado, órdenes que llamaban a la actuación sicarial y persecución contra quienes filtraban información a periodistas sobre corrupción y violación de Derechos Humanos.
Por lo que, en compañía de los senadores Gustavo Bolívar, Feliciano Valencia y Antonio Sanguino, Cepeda anunció que los generales Eduardo Quirós, Gonzalo García, Adelmo Fajardo, Jorge Horario Romero, Juan Pablo Rodríguez, Diego Luis Villegas, Mauricio Moreno, Nicacio Martínez y el general en retiro Jorge Humberto Jerez serán denunciados ante la CPI.
Por su parte, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías salió en defensa del Ejército y dijo que lo que querían algunos sectores era 'manchar una institución y hacer política con esta situación'.
A su turno, la senadora Emma Castellanos, del Partido de la U, puso de presente la evaluación del presunto espionaje a la luz de lo que dice la Ley 1621 de 2013, la cual establece la facultad que tienen las fuerzas militares para la recolección, procedimiento, análisis y difusión de la información. Defendió la ley de inteligencia y contrainteligencia, pero precisó: 'Siempre y cuando se desarrolle para los fines de esa ley'.
Sobre labor de inteligencia
En medio del debate se reforzaron algunas preguntas que aún siguen sin respuesta y son reclamadas por la opinión pública. 'La investigación tan intensa que se está haciendo nos tiene que decir qué parte de esa ley (de inteligencia y contrainteligencia) se violó. No es suficiente con que se diga que se retiró un personal, nos tienen que decir cuál fue la violación específica que cometieron esos que retiraron', señaló John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa.
Así mismo, el experto aclaró que las fuerzas militares sí pueden hacer monitoreo. 'Esas carpetas son acumulación de información de fuentes abiertas, legítimas. Monitorear no es intervenir, no es interceptar. Es legítimo hacer monitoreo'.
No obstante, el profesor en Seguridad y Defensa de la Universidad del Externado, Jairo Libreros, dijo que 'la ley, los manuales y protocolos no facultan a la inteligencia militar en ningún caso a realizar actividades de perfilamiento de personas que no tengan condición de combatientes'.
'Algunas unidades se consideran por encima de la Constitución y la Ley y son los que fraguan como enemigos a los que piensan diferente. (…) Esta situación se soluciona con decisiones políticas. Primero, la salida discrecional de todos los militares que no están bajo la línea de conducción del Gobierno, se requiere un remezón en la cúpula militar garantizando que la Casa de Nariño mantiene el control', expresó Libreros.
