En la Colombia de hoy es un pecado ser menor de edad o líder social. A unos y otros los están violando o matando, ante la mirada indiferente y muchas veces cómplice no solo de sus compatriotas, sino también de las propias autoridades.
Las cifras son escandalosas. Según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), en lo que va de 2019 más de 60 líderes sociales han sido asesinados en el país, cifra que se suma a un total de 600 que han muerto desde 2017. La mayoría de ellos fueron asesinados por asumir la defensa de la comunidad o por abanderar causas sociales, que afectaban intereses de grupos poderosos en distintas regiones del país. Es decir, los acribillaron por no quedarse callados.
Esa triste, cruel y vergonzosa realidad, soportada en cifras escalofriantes, ha pretendido ser ocultada o desmentida por las autoridades, como sucedió con Luis Carlos Villegas, ex ministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos, quien sin sonrojarse se atrevió a decir que a los líderes sociales del país los mataban por 'motivos pasionales'.
En el actual gobierno las cifras siguen en aumento y las justificaciones son más o menos las mismas. Poco o nada ha hecho la administración de Iván Duque para mejorar las condiciones de vida y de seguridad de los líderes sociales del país. Mientras tanto, cada día en Colombia la vida de estas personas corre peligro, pues quienes no son asesinados son amenazados de muerte. En estos momentos cerca de 1000 líderes sociales han solicitado protección especial ante la posibilidad de ser víctimas de algún atentando, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
El caso de la lideresa María Mayerli Angarita Robles, vocera de las comunidades de los Montes de María, es aterrador. Hace varios meses denunció que su vida corre peligro. 'Nos están matando sin que a nadie le importe', clamó recientemente, luego de ser víctima de un atentado en el centro de Barranquilla en mayo pasado. En febrero también habían intentado asesinarla. Su situación ha generado una gran solidaridad nacional, que se ha expresado en distintos medios de comunicación, así como en varias redes sociales.
Pero así como María Mayerli Angarita encarna a decenas de líderes y lideresas del país que son amenazados y amenazadas por defender causas sociales, la pequeña Sharick Alejandra Buitrago Rayo, de apenas 10 años, simboliza la tragedia que viven los menores. La pequeña fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada la semana pasada en El Retorno, Guaviare.
Las autoridades responsabilizan de los hechos a Édinson Díaz Sarmiento, quien deberá responder por los cargos de feminicidio agravado y acceso carnal violento con menor de 14 años.
Llama la atención que contra Díaz Sarmiento constan 10 anotaciones judiciales, que van desde acceso carnal violento hasta hurto calificado, pasando por violencia intrafamiliar y acto sexual violento, pero aún así gozaba de absoluta libertad. ¿Cómo es posible que alguien con estos antecedentes pudiera tener contacto con menores de edad? ¿Que alguien con este perfil criminal no tenga ningún tipo de restricción no es acaso exponer a la comunidad -en especial a los niños- a ser víctimas potenciales de sus fechorías?
Al igual que ocurre con los líderes sociales asesinados y amenazados del país, en el caso de los menores de edad las cifras también son aterradoras. Entre enero y abril de este año fueron muertos en Colombia 213 menores y adolescentes. El año pasado el total de esa cifra fue de 673. Es decir, cerca de dos menores asesinados al día en Colombia. ¡Una barbaridad! ¡Una monstruosidad que se debe acabar cuanto antes!
Pero la cifra de niños y niñas víctimas de violencia sexual es igualmente escalofriante: 7.142 en 2018. Es decir, cerca de 20 casos al día. De ese total, 6.085 fueron niñas. La violencia contra la mujer -tanto en el caso de las lideresas sociales, como de las menores- es una constante, que evidencia, además, no solo su extrema vulnerabilidad, sino la indolencia del resto de la sociedad que mira con indiferencia esta tragedia.
¿Qué hacer ante esta gravísima situación?
