En una decisión de primera instancia, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura como congresista para Iván Márquez, excomandante y exjefe negociador de paz de las Farc.
El alto tribunal de lo contencioso administrativo evaluó el hecho de que Luciano Marín Arango -su verdadero nombre- no se hubiera posesionado el pasado 20 de julio como senador de la República por una pretendida 'fuerza mayor' que no se pudo constatar.
Márquez, de hecho, había salido de la zona veredal de Miravalle, en Caquetá, desde que en abril de 2018 fuese detenido Jesús Santrich por presunto narcotráfico tras la firma del Acuerdo de Paz.
Luego de la captura del desmovilizado sucreño de la Farc, Márquez y El Paisa dijeron que se trataba de un montaje en contra de los exjefes de la guerrilla.
Tras un año sin la posesión de Marín Arango, el senador uribista Ernesto Macías, presidente del Congreso, interpuso la demanda de pérdida de investidura, que fue acumulada con la interpuesta en este mismo sentido por el ciudadano Daniel Silva.
El más reciente pronunciamiento de Márquez, cuyo paradero se desconoce, fue el pasado 20 de mayo, cuando escribió una carta abierta: 'Fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte'.
La Procuraduría, a su vez, el pasado 4 de junio pidió al Consejo de Estado quitarle la investidura de congresista a a Marín, ya que en su caso no hubo ninguna fuerza mayor sino que él decidió no estar en el Congreso.
A su vez, la JEP anunció a finales de mayo pasado la apertura de un incidente de verificación de cumplimiento al número dos de la antigua guerrilla de las Farc.
El magistrado Oscar Parra señaló que Márquez fue vinculado en junio del año pasado a las investigaciones que lleva a cabo ese tribunal para esclarecer los secuestros cometidos por las Farc durante el conflicto armado y por eso se le llamó a contar su versión el pasado 14 de marzo.
Sin embargo, Márquez ha incumplido en reiteradas ocasiones las citaciones hechas por la JEP 'sin que haya aportado las pruebas que justifiquen su desacato a las órdenes judiciales', agregó el togado.
'Estos hechos permiten a la Sala deducir que la inasistencia no es claramente excusable y que, posiblemente, el mencionado compareciente incumple las condiciones que el sistema jurídico le impone para mantener los beneficios, derechos y garantías tras la firma del acuerdo de paz', subrayó.
De igual forma, el tribunal abrió otro incidente de verificación de cumplimiento a José Manuel Sierra, alias Aldinever, por su inasistencia a la audiencia programada para el pasado abril en la que debía aportar su versión para ayudar a esclarecer los secuestros cometidos por la antigua guerrilla.
Y el pasado 15 de mayo la JEP confirmó una orden de captura contra Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, 'por su incumplimiento de las condiciones para mantener el beneficio de la libertad', ya que tampoco ha atendido las citaciones del tribunal de justicia transicional.
