La recusación en contra del magistrado Antonio José Lizarazo, ponente de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la Ley Esttautaria de la JEP, llego a la Corte Constitucional.
Fue radicada por el representante a la Cámara del Centro Democrático Edwin Ballesteros, quien señaló que Lizarazo tuvo un contrato de prestación de servicios con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que este fue magistrado ponente de la sentencia que aprobó la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
Según el congresista, el magistrado habría participado en 'la preparación del Proyecto de Acto Legislativo sobre reincorporación política en desarrollo del acuerdo final'.
Ante la recusación radicada por Ballesteros, el tribunal constitucional deberá estudiar la solicitud del representante y determinar si la acepta o no.
