En medio de una muy similar estrategia de defensa, los destituidos exgobernadores de Córdoba, Alejandro Lyons y Edwin Besaile, coincidieron en apelar ante la Procuraduría la sanción de 10 años impuesta por el ‘Cartel del Síndrome de Down’ asegurando que las irregularidades en los pagos por $4.987 millones, sin que mediara contrato alguno, 'no fueron corrupción'.
EL HERALDO conoció el fallo de segunda instancia, de 69 páginas y fechado el pasado 14 de enero, en el que el Ministerio Público, además de disciplinar a Lyons y a Besaile, impone 11 años de destitución e inhabilidad también para los exsecretarios departamentales de Salud, Edwin Preciado y José Pareja.
La decisión, fundamentalmente, confirma la sanción emitida el 27 de septiembre de 2018 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, luego de que los funcionarios señalados apelaran la decisión.
No obstante, lo que llama la atención de dicha apelación es que los dos exgobernadores, supuestamente rivales políticos, confluyan y de una manera particular en el planteamiento de sus teorías de defensa: ambos afirman que lo que hubo en el ‘Cartel del Síndrome de Down’ 'no es corrupción'.
La defensa de Lyons aseguró que todo el embrollo no se trató de actos de corrupción: 'La Procuraduría no es competente para restringir los derechos políticos de gobernadores' y 'menos aun cuando no se trate de hechos de corrupción'.
Y, casi de idéntica forma, la defensa de Besaile señala que 'la Procuraduría en el caso investigado no tendría competencia (…), pues su investigación no tuvo como causa la comprobación de los hechos constitutivos de actos de corrupción'.
Pero el ente de control, en la sentencia de segunda instancia, proferida por el procurador primero delegado de la Sala Disciplinaria, Jaime Mejía, y el procurador segundo delegado de la misma Sala, Silvano Gómez, responden, citando a la Corte Suprema, que 'la violación de los principios de la contratación estatal es un acto de corrupción', ya que, dice el Ministerio Público, 'a través de ellos se materializa la función administrativa y se evitan actos de corrupción con dineros del Estado'.
Los pagos
El ente de control disciplinario acumuló para este proceso dos expedientes: el 6 de noviembre de 2015, Tania Otero, representante legal de Funtierra Rehabilitación IPS, denunció las presuntas irregularidades en las terapias de neurorehabilitación y neurodesarrollo integral no POS, consistentes en que no se entregaron autorizaciones, se alteró el valor y no se canceló desde 2013 la suma de $2.250 millones y la Contraloría, organismo que descubrió el ‘Cartel del Síndrome de Down’, compulsó copias porque la Gobernación de Córdoba, en el mismo caso y tras unas tutelas que se interpusieron ante la supuesta falta de pagos, ordenó pagos médicos sin haber contrato alguno.
Entonces, el Ministerio Público señaló en la formulación de cargos que el exsecretario Preciado incurrió en anomalías al autorizar de mayo a diciembre de 2015 pagos a Funtierra por valor de $3.793 millones sin que hubiera relación contractual y al exsecretario Pareja por haber pagado en abril de 2016 a Funtierra $1.194 millones sin que tampoco hubiese contrato.
Finalmente, todos los investigados dijeron que no era necesario el contrato para los pagos de las terapias, pero el ente de control respondió que para prestar un servicio de salud público es necesario que medie un contrato, salvo que se trate de una urgencia.
'Salvando el futuro de los niños'
En el turno de su defensa, el exsecretario Pareja sostuvo que estaban obligados a los pagos por los fallos de tutela al respecto y que, además, 'sabía que cumplir la orden judicial estaba salvando el futuro de unos niños'.
Todos los investigados dijeron que no era necesario el contrato para los pagos de las terapias, pero el ente de control respondió que para prestar un servicio de salud público es necesario que medie un contrato, salvo que se trate de una urgencia.
Además, la Contraloría, que emitirá un fallo de primera instancia en este caso, descubrió que estas terapias médicas para niños con síndrome de Down no se habrían realizado y que por ello se habría originado un detrimento patrimonial de $1.345 millones.
En relación a los pagos, la Fiscalía dijo que estos se acordaron, incluso, en documentos que no tienen ningún valor legal.
