Entre los cambios que tiene la ponencia de la Ley de Financiamiento que fue radicada este jueves en el Congreso están la reducción del impuesto al patrimonio, de una tarifa de 1,5% a una de 1% por tres años para patrimonios líquidos por encima de $5 mil millones y la renta exenta para la economía naranja por un periodo de cinco años y con un mínimo de inversión de $300 millones.
El ponente del proyecto, el senador de Cambio Radical Richard Aguilar, explicó que se incluye también el impulso a la construcción de hoteles, con una renta del 9% por 10 años, y si se hace en municipios de menos de 250 mil habitantes tendrán una renta del 9% por 20 años.
Por otro lado, las remesas van a tener una tarifa que sube del 5% al 7,5% y los dividendos a partir de $10 millones van a tener una tarifa del 15%.
Se prevé que la ponencia se anuncie en los plenos, para que arranque la discusión el próximo lunes y se extienda por lo menos hasta el miércoles.
'Se discutirá gravar el componente inflacionario, si tenemos un rendimiento de un CDT del 5% pero la inflación es del 4%, lo justo es que se grave el beneficio real que es el 1% pero en este caso ese componente inflacionario va a generar que no se incentive el ahorro y la inversión en nuestro país, pero es algo que vamos a discutir en las plenarias', dijo Aguilar.
Además, se plantea que los vehículos eléctricos no tendrían una tarifa del 5% del IVA sino que queden excluidos e igual todos los insumos para propender por las energías renovables. De igual forma, se va a discutir el impuesto verde de $50 por botella plástica, para que exista una conversión hacia el uso de materiales biodegrabdables.
Se aprobó el IVA plurifásico a las gaseosas y cervezas, pero los tenderos que vendan hasta $2.720 millones no van a ser responsables del IVA, se van a someter al régimen de tributación simple.
Se mantiene además el impuesto al consumo del 2% en las ventas de inmuebles mayores de 26.800 UVT.
Además, la ley 'trae garrote' e incluye dos tipos penales: defraudación del fisco y omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, el primero con penas que oscilan de 3 a 5 años y el segundo de 4 a 8 años.
Aguilar dijo que aunque se prevé un recaudo de $7,1 billones, se podrían obtener 'hasta los $9 billones porque no se incluyeron cálculos de la lucha contra la evasión, el contrabando y todas las herramientas de la Dian'.
