Con duras críticas al Gobierno por no llegar, arrancó este martes la discusión del proyecto con el cual se prorroga la vigencia de la llamada ley de orden público, que en concepto de varios congresistas tiene algunos micos que implicarían cambios notorios a la forma a como opera hasta el momento.
Este proyecto está siendo discutido por las Comisiones Primera de Senado y Cámara, norma con la cual se da el aval para que quien esté fungiendo como Presidente de la República pueda adelantar procesos de paz o adoptar las medidas que garanticen el orden público en el país.
Con la misma los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos pudieron adelantar las negociaciones de paz, mientras que la actual administración de Iván Duque, debe buscar que la renueven para seguir adelante con la mesa de negociación –hoy suspendida- que se tiene con la guerrilla del Eln.
En opinión del senador Roy Barreras, tal y como llegó el articulado para la discusión lo único que busca es acabar los compromisos del acuerdo de paz y la posibilidad, que en un futuro, se den nuevos procesos de paz, incluido el del Eln si el mismo se destraba.
Barreras sostuvo que aún hay tiempo para aprobar este proyecto, pero sí destacó que se debe reformar la propuesta de crear un consejo de seguridad nacional, el cual asumiría, en un futuro si es aprobada así la ley, la coordinación directa de un proceso de negociación con la insurgencia.
Por su parte, la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, criticó que los responsables de tramitar la ley no llegaron, 'había quórum pero no llegó ni el gobierno ni los ponentes, esto demuestra que el gobierno está desordenado en el frente legislativo'.
Frente a los ‘micos’, Goebertus destacó que otra de esas responsabilidades que le dan a ese consejo de seguridad nacional es que el órgano que dirigirá en adelante las intervenciones regionales de desarrollo rural, situación que ya había sido definida en el marco de los acuerdos de paz.
La representante de la Alianza Verde critica que también ese consejo de seguridad le quita las funciones a la agencia de renovación territorial, la cual viene coordinando los proyectos de desarrollo e inversión en los 170 municipios que se han afectado más por el conflicto.
Un último cuestionamiento que se le hace al proyecto como está es que se crea un nuevo fondo de estabilización, terminando con el Fondo Colombia en Paz, en el cual se han centralizado las ayudas al proceso de paz que se hizo con las Farc. Colprensa
