La plenaria del Senado aprobó este miércoles en segundo debate la reforma a la justicia, salvando el Consejo Superior de la Judicatura y no incluyendo la figura del Tribunal de Aforados.
Entre los puntos claves que se avalaron se encuentra el artículo 9 del proyecto de acto legislativo, sobre el aumento progresivo del presupuesto de la Rama Judicial en porcentaje que cada cuatro años defina el Plan Nacional de Desarrollo.
Así mismo, pasó el punto 8, que plantea que el procurador general será elegido por el Senado, con lista de elegibles por convocatoria pública, tendría un periodo de 4 años, y no podrá ser reelegido.
Luego de que se reviviera el artículo 6, sobre las funciones de la Contraloría, la senadora uribista Paloma Valencia consideró que 'es muy importante que la Contraloría esté vigilando todos los fondos públicos. Más aún cuando la Comisión Interinstitucional de la Rama, conformada por aforados en su mayoría, está manejando los fondos de la justicia'.
El pasado martes, la plenaria aprobó varios artículos, entre ellos el que establece que las providencias solo podrán ser comunicadas a la opinión pública una vez estén firmadas por los magistrados. También le dio luz verde al artículo que consagra que los jueces en sus providencias deberán acatar las sentencias de unificación de las altas cortes, con el fin de garantizar seguridad jurídica.
Así mismo, se acordó fijar un período de ocho años para los magistrados, aunque el coordinador de ponentes, senador Germán Varón, de Cambio Radical, había propuesto 12 años.
Entre tanto, en medio de la discusión, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya criticó el proyecto: 'Se quieren aprobar unas cosas que a mi juicio no tienen que ver ni con la justicia, ni con la reforma a la administración de justicia, ni con la recta impartición de justicia'.
A su vez, el senador Gustavo Bolívar, de los decentes, advirtió: 'Esta reforma no ataca los problemas sustanciales de Colombia. Una reforma a la justicia que no incluya el desmonte de la comisión de acusaciones de la Cámara, no es una reforma seria. Ése es un organismo politizado'.
En cambio, Iván Name, de la Alianza Verde, calmó los ánimos: 'Estamos creando las condiciones no para tener una reforma perfecta, sino un cuerpo que iremos mejorando en todas las instancias por las que iremos pasando'.
Más temprano, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Édgar Sanabria, negó un lobby ante el Congreso para hundir el articulado que proponía, entre otros temas, reemplazar esta alta corte.
No obstante, el togado admitió que hubo encuentros con parlamentarios para debatir el punto que plantea la eliminación del alto tribunal con funciones administrativas en la Rama Judicial.
Por su parte, la ministra de Justicia, Gloria Borrero, ha dicho que el Gobierno insistirá en la conversión del Consejo Superior de la Judicatura en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
El proyecto, que ahora irá a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes a su tercer debate, deberá afrontar un total de ocho debates, cuatro de ellos antes de mediados de diciembre, cuando culminan las sesiones ordinarias del Congreso.
