Con una votación de nueve por el sí y uno por el no, y sin cuórum, se cayó este jueves en la Comisión Primera del Senado el proyecto de ley del uribismo que pretendía crear una polémica sala especial de juzgamiento para los militares en la Justicia Especial para la Paz, JEP.
La oposición usó la estrategia de desarmar el cuórum, saliéndose de la votación, que era uno de los métodos preferidos por los uribistas contra el santismo de la pasada legislatura.
Al respecto de lo sucedido, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, una de las principales impulsoras de la iniciativa, señaló: No logramos los votos para aprobar el proyecto de salas en la JEP para los militares, nos faltó un voto. Lástima que el senador Roy Barreras no acepte que la fuerza pública tenga la garantía de jueces imparciales y presunción de inocencia. Así dejan claro que esto es un proceso solo para los terroristas'.
Sin embargo, anunció que seguirá intentando promover el proyecto: 'Mi compromiso es con la justicia imparcial y con la presunción de inocencia para los miembros de la fuerza pública. Seguiremos en ella, perseverantes y seguros de que somos muchos en esta causa'.
Entre tanto, Barreras, uno de los rebeldes del oficialista Partido de la U, exintegrante de la mesa de La Habana y escudero del santismo, declaró: 'Afortunadamente logramos parar lo que era un engendro jurídico que desmembraba la JEP y que llenaba de inseguridad jurídica a la fuerza pública. Más de 1.600 militares encartados judicialmente saben que la JEP les brinda la solución jurídica y los devuelve a la libertad. Ese escenario se ha salvado hoy'.
Añadió el senador en este sentido que 'la fuerza pública en la JEP tiene un trato diferenciado que no establece responsabilidad objetiva en la cadena de mando y que tendrá en cuenta el derecho operacional. Estamos dispuestos a darle más confianza la JEP con nuevas soluciones, pero no con esta propuesta. En la Comisión Primera sigue habiendo mayorías para la paz y nada que la haga trizas pasará. Hoy lo demostramos'.
A principios de octubre, la ONU, veedora del proceso de paz, había presentado un concepto ante la Corte Constitucional lanzando duras críticas contra esta sala especial que se pretendía, en medio del estudio de una demanda contra la Ley de Procedimiento de la JEP aprobada en junio pasado por el Congreso de la República.
Alberto Brunori, representante de la oficina en Colombia de las Naciones Unidas y quien suscribe el concepto, advierte que algunas de las disposiciones contenidas en la ley 'pueden limitar la capacidad de la JEP para generar el esclarecimiento judicial de las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario' y añade que la creación de esta sala 'condiciona la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a las decisiones individuales de los involucrados, creando un tratamiento diferenciado para las víctimas que carece de racionalidad y coherencia'.
