En medio de la primera reunión este jueves de la mesa técnica que resultó de la cumbre en Palacio tras la Consulta Anticorrupción, el Gobierno y las bancadas del Congreso acordaron pulir en comisiones temáticas un total de 19 proyectos de ley, entre ellos el de reducir el salario de los parlamentarios y altos funcionarios del Estado, que ya no serán congelados ni recortados de tajo, sino que se hará de manera gradual durante 10 años.
La reducción de los sueldos a congresistas, de acuerdo con la propuesta de reforma constitucional de las promotoras de la Consulta, Claudia López y Angélica Lozano, se hará gradualmente, bajándole dos y medio salarios mínimos por año a los altos funcionarios, hasta reducir de 40 a 25 los salarios mínimos, que era lo que planteaba originalmente la Consulta.
Entre tanto, los proyectos anticorrupción de los partidos serán ajustados desde este viernes por comisiones temáticas y habrá otras mesas para la reforma política, cuyo eje principal es el establecimiento de las listas cerradas y la reforma electoral, cuyas base es la reorganización del Consejo Nacional Electoral, CNE.
Ya el Ejecutivo presentó cinco iniciativas: publicar rentas y bienes, pliegos tipo ampliados, tres periodos en el Congreso, la no prescripción de los delitos de corrupción y la reforma política.
Así mismo, López anunció la creación de una veeduría anticorrupción, compuesta por 70 organizaciones sociales, que vigilará el trámite de estos proyectos anticorrupción.
Las iniciativas más recientes fueron presentadas también este jueves por el opositor Polo Democrático y se trata de un nuevo paquete de medidas anticorrupción tributaria.
La propuesta la trajo el senador Jorge Robledo, quién había criticado la cumbre por la postura del oficialista Centro Democrático de no votar la Consulta.
El paquete de diez puntos plantea: cárcel para evasores tributarios, bloque de búsqueda contra la corrupción tributaria, publicar procesos en la Dian de corrupción tributaria, medidas para que empresas mineras liquiden debidamente impuestos y regalías y tipificar el contrabando técnico como delito autónomo.
Así mismo, se lee: eliminación de beneficios tributarios a quienes deriven más del 70% de sus ingresos en Colombia y tengan más del 30% de su patrimonio en el exterior y prohibición de giros a y desde paraísos fiscales que no tengan acuerdos con Colombia.
Y, finalmente, hacer expedito el levantamiento del velo corporativo a empresas corruptas, tipificar actos ilegales de nacionales con extranjeros en detrimento de lo público (como el caso Odebrecht) y prohibición para que el fiscal, el procurador y el contralor no puedan ser candidatos presidenciales en la elección siguiente al término de sus periodos.
Entre los asistentes al encuentro en el Ministerio del Interior estuvieron la jefa de la cartera política, Nancy Patricia Gutiérrez; la vocera de la Consulta, Claudia López y los congresistas Angélica Lozano, de la Alianza Verde; Gustavo Bolívar, de los Decentes; Carlos Lozada, de la Farc; Paloma Valencia, del Centro Democrático y Robledo, del Polo.
La meta es presentar los proyectos de los partidos antes del 17 de septiembre, para que pudiesen ser aprobados en diciembre, previo mensaje de urgencia por parte del Ejecutivo.
