Luego de que la Consulta Anticorrupción, a pesar de que no alcanzara el umbral vinculante de 12,1 millones de votos, se convirtiera en un hecho político histórico, con más de 11,6 millones de sufragios, el presidente Iván Duque convocó a los promotores y a los partidos a una reunión para el próximo miércoles en el Palacio de Nariño.
Así lo informó el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.
'He convocado el miércoles a la Casa de Nariño a promotores de #ConsultaAnticorrupción, a presidentes de Cámara y Senado, a presidentes de partidos y sus voceros, para analizar juntos lo que viene en la agenda legislativa para enfrentar a los corruptos con toda la determinación', escribió el mandatario.
Entretanto, los promotores de la Consulta, encabezados por la vocera, la exsenadora Claudia López, presentarán este martes en el Congreso, en forma de proyectos de ley, las siete preguntas del mecanismo de participación ciudadana.
Así lo aseguró la propia López, quien además pidió al presidente Duque su apoyo para estas iniciativas que empezarían su trámite en el Legislativo.
'Duque tiene que entender que este mandato es mayor al que lo eligió como presidente de la República. Esto implica apoyar todos los puntos, especialmente los que incomodan a los congresistas', dijo la exsenadora en la emisora capitalina W Radio.
Así mismo, solicitó al jefe de Estado que convoque al Congreso no solo a apoyar los cuatro proyectos anticorrupción radicados por el Ejecutivo sino también las iniciativas que serían presentadas por los promotores de la Consulta.
De igual forma, anunció que pedirán también los promotores a los parlamentarios su respaldo a los proyectos que se desprenden del mecanismo de participación.
'A todos los que dijeron que esta consulta no se necesitaba porque estas normas se podían tramitar en el Congreso, mañana les vamos a pedir que cumplan su palabra', agregó.
Finalmente, afirmó que también apoyarán el paquete legislativo presentado por el Ejecutivo, en el que hay tres iniciativas con fines similares a los de la Consulta.
Revisarán proyectos
Más temprano, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que el Gobierno Nacional revisará los proyectos de ley que plantearán los promotores de la Consulta Anticorrupción, para analizar si son viables.
'Hay algunos puntos que tienen una discusión jurídica y constitucional que habrá que revisar con mucho cuidado, pero los proyectos del Gobierno que se presentaron tienen viabilidad jurídica y que esperamos que tengan la acogida política en el Congreso para sacarlos adelante. Bienvenidas todas las iniciativas y las estaremos analizando desde el punto de vista jurídico y que tengan la posibilidad de ser implementadas', afirmó la jefa de la cartera política en la emisora.
En este sentido, pidió el apoyo de las bancadas del Congreso para el paquete anticorrupción oficialista y agregó que algunos de los puntos que están en discusión en las normas anticorrupción ya están establecidos dentro de la ley, por lo que desde la Presidencia, anunció, se emitirán 'directivas presidenciales' para su aplicación.
'Hay algunos puntos que ya existen en la normatividad y lo que hay que hacer es aplicarlos, razón por la cual en los próximos días habrá unas directivas presidenciales con base en estas normas. Están encaminadas a luchar contra la corrupción', expresó Gutiérrez en diálogo con la emisora capitalina Blu Radio.
Los siete planteamientos de la Consulta son: Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios, cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado, contratación transparente obligatoria, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía, obligación a congresistas de rendir cuentas de su gestión, hacer públicas las propiedades e ingresos de políticos elegidos y máximo tres períodos en corporaciones públicas.
Y los proyectos del Gobierno proponen: limitación a no más de tres períodos para elegirse en una corporación pública, delitos contra la administración pública imprescriptibles, ‘pliegos tipo’ para contratar con el Estado y que se adelante el levantamiento de la reserva de la declaración de renta para quienes ejercen función pública.