Luego de que la Corte Constitucional declarara factible la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la mayoría de su articulado, hubo algunos condicionamientos que generaron polémica entre la opinión pública, tras el fallo.
Uno de los aspectos está relacionado con los delitos sexuales cometidos contra los menores de edad, debido a que el alto tribunal estableció que estos pueden ser procesados bajo los parámetros de la justicia transicional y no solo de la justicia ordinaria, como lo planteó en su momento el Congreso de la República.
Frente a este caso, la presidenta de la JEP, Patricia Linares señaló en rueda de prensa que 'ninguna conducta al interior de la JEP va a quedar en la impunidad' y se limitó a señalar que este tipo de delitos 'no son amnistiables'.
Sin embargo, la magistrada María Valencia García, quien estuvo ayer en Barranquilla reunida con líderes sociales y víctimas de la Costa Caribe, explicó más en detalle el caso y señaló que 'los delitos sexuales no pueden ser sometidos a los beneficios de amnistía e indulto. Por lo tanto debemos aplicar las sanciones previstas en el sistema, que pueden ser privativas de la libertad, pero dentro del respeto de la dignidad de las víctimas y en especial a los menores de edad', explicó Valencia García.
Destacó la magistrada que la Corte fue clara en definir que 'el Congreso no tiene la competencia' para modificar las sanciones dispuestas para aquellos que hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad.
Valencia García resaltó que el Alto tribunal fue enfático en manifestar que los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos 'deben ser asumidas por la JEP y llevadas hasta las últimas consecuencias'.
'Hay que dejar claro que todo dependerá de cada caso y cada situación. Nosotros nos movemos dentro del ordenamiento de la legalidad que implica las penas propias, alternativas y ordinarias del sistema, pero también bajo los estándares establecidos dentro del Estatuto de Roma y los convenios internacionales'.
Al evento también asistió el magistrado Roberto Vidal López, quien fue abordado por una víctima que le pidió claridad sobre cómo se manejarán delitos sexuales en la JEP, pero el togado prefirió no responderla.
Habla Duque
El presidente Iván Duque se pronunció frente al tema y aseguró 'que respetará' las decisiones de la Corte, pero que no se pueden 'ni atenuar, ni diferenciar, ni tratar de darle un manejo distinto a delitos tan graves como la violación y el abuso de niños'.
'Tengo que poderme sintonizar con la ciudadanía en lo que son los sentimientos y los deseos que todos tenemos', señaló el mandatario.
Extradición
La presidente de la JEP, además, en relación con la extradición dijo que las personas que hayan cometido actos delictivos después de la firma de paz serán procesadas por la justicia ordinaria. Igualmente, señaló que si son hechos ocurridos previo a la firma final, estos serán juzgados por la JEP.
'La Corte, al parecer, lo que define es que la JEP constate sobre los términos de pedidos en extradición, y una vez se tenga un reporte será la Corte Suprema de Justicia y el presidente quienes difieran sobre algunas decisiones', dijo la magistrada en la rueda de prensa.
Del mismo modo, la presidenta señaló que el fallo de la Corte 'ha generado a los servidores de la JEP mucha tranquilidad. Saber que el marco normativo al cual está supeditada la jurisdicción está prácticamente completo. La decisión de la Corte Constitucional, sin lugar a dudas, va a despejar muchas inquietudes, muchas dudas de varios debates que se han suscitado'.
Aseguró la presidenta que continuarán con la labor encomendada al tribunal, esto con el fin de esclarecer los hechos cometidos durante el conflicto armado.
Junto a víctimas en Barranquilla
En el evento en Barranquilla organizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, los magistrados destacaron la importancia de los archivos que las organizaciones manejan en relación con la violación de los derechos humanos para que los puedan presentar ante el brazo no judicial de la JEP, es decir en la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
'Ustedes, los líderes y víctimas, a través de sus archivos, son quienes deciden qué mantener en reserva y qué información de sus archivos van a hacer llegar a todo el sistema de reparación', señaló la magistrada Valencia García y resaltó que 'los informes son la materia prima para la puesta en funcionamiento total de la JEP'.
La magistrada explicó que 'hay dos años prorrogables a tres para que las víctimas presenten sus informes a la JEP. Organizaciones de víctimas de DDHH humanos y otras organizaciones civiles, son las que pueden presentar informes al Tribunal'.
