La Corte Suprema de Justicia cerró la etapa de investigación en el proceso que por delitos electorales se sigue contra la senadora electa Aída Merlano, por lo que en tres semanas definirá si la llama o no a juicio penal.
Durante estos días, tanto la defensa de la parlamentaria como el representante de la Procuraduría presentarán sus alegatos de conclusión en los que se basarán los magistrados de la Sala Penal si inicia o niega el juicio contra Merlano.
La congresista conservadora fue detenida días después de que fuera allanada su sede de campaña en Barranquilla, durante las elecciones a congreso, en donde unidades del Cuerpo Técnico de la Investigación de la Fiscalía y la Policía Nacional incautaron certificados electorales, armas de fuego y más de 260 millones de pesos en efectivo.
En esta investigación se estableció que la organización de la que se habría valido Merlano estaba organizada a tal punto que para los próximos años 'aspiraba a trabajar con redes sistematizadas para mejorar su eficiencia', se precisó.
Dicha organización funcionaba con administradores, quienes revisaban las listas de votantes y los resultados, personas que eran reconocidas como punteadores, otros entregaban contraseñas en las casas de los líderes o casas de apoyo (punteadores y coordinadores), y finalmente se contaba con testigos electorales y encargados de capacitar sobre la forma en la que debían votar (didactas).
El Fiscal calificó de aberrante el que dicha organización se valiera de niños que debían acompañar a los adultos mayores que les habían comprado el voto para garantizar que se sufragara por los candidatos indicados.
La senadora Merlano estuvo varias semanas recluida en la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde fue confinada como medida preventiva mientras se adelantaba el proceso judicial, sin embargo, hace unos días fue trasladada a una clínica de la capital del país tras sufrir problemas de salud.
