La aprobación de la ley reglamentaria de la Justicia Especial para la Paz –JEP–, que fue la jurisdicción que se derivó de los Acuerdos de Paz con las Farc para juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto, se convirtió en el último pulso político entre el presidente Juan Manuel Santos y el uribismo y, al mismo tiempo, en el escenario que está dejando entrever cómo se podrían reacomodar las fuerzas al interior del Congreso con la entrada de Iván Duque al Ejecutivo Central.
Ayer, la plenaria del Senado volvió a aplazar, por cuenta de una proposición del Centro Democrático, la discusión de dicha iniciativa al rechazar del orden del día –con una votación 43 contra 25– el debate del proyecto, con lo que, al mismo tiempo, se ratificó la posición que la Cámara alta había tomado el pasado lunes, al aceptar que la discusión de esa ley se aplazara indefinidamente.
Ernesto Macías y Alfredo Rangel, senadores del Centro Democrático, fueron quienes encabezaron ese proceso en la sesión del 18 de junio . El segundo indicó que no era conveniente que se tramitara esa ley reglamentaria, hasta tanto la Corte Constitucional no se pronunciara sobre la validez del articulado de la ley estatutaria –ley macro– que le dio vida a la JEP. Ese fue el mismo argumento que esgrimió el electo Jefe de Estado, Iván Duque, para dejar entrever que estaba de acuerdo con dicho aplazamiento, y para sustentar su llamado en ese sentido al Senado.
Llamado a la reconciliación
Cabe recordar que aunque el nuevo presidente fue enfático en las fallas del acuerdo de paz durante la campaña –en la que recalcó que eran necesarias algunas modificaciones–, en su primer discurso tras confirmarse su elección, hizo un llamado a la reconciliación y moderó el mismo afirmando que no destruiría lo que se pactó con las Farc.
Para muchos, de lo que se trató la sesión del lunes fue de una pequeña muestra de lo que podría ser el comportamiento del Congreso en el nuevo periodo de gobierno que se avecina.
El Centro Democrático, que es el partido político con más curules en la Cámara alta del Congreso, y el segundo mayor en la Cámara de Representantes, logró traerse consigo para tomar esa decisión a cuatro senadores de Cambio Radical, siete del Cosnervador, uno de La U, los Liberlaes y Opción Ciudadana, más los diez miembros suyos que estuvieron a favor del aplazamiento. Al final, la diferencia de votos con quienes se opusieron al aplazamiento fue de tan solo dos votos, ya que otros siete liberales, tres de la U, uno conservador, otro de Cambio Radical y uno final de Opción Ciudadana, más el bloque de los alternativos –Verdes, Polo y Maís– sacaron 22 votos sin lograr sacar adelante la intención de que esa discusión no se aplazara. También hay que mencionar que 14 senadores presentaron impedimentos, por lo cual no votaron. El resto de congresistas –38, toda vez que hay 4 sillas vacías– no votaron.
Lo particular de este resultado es la posición de partidos como Cambio Radical y el Conservador, que otrora apoyaron el proceso de paz durante el Gobierno Santos, y que hoy se siguen más por la línea que maraca el presidente uribista.
También es llamativo que la mayoría del Partido Liberal, que si bien luego de la primera vuelta decidió apoyar la candidatura de Duque, decidió no apoyar el aplazamiento. A primera vista, el anuncio que en su momento hizo el expresidente y hoy director de la colectividad roja, César Gaviria, de que el liberalismo se comprometía a defender los Acuerdos de Paz, se cumplió. Sin embargo, también se evidencia que el impedimento para conformar mayorías por parte de Duque no es del todo difícil. El electo presidente, o en su defecto el ministro del Interior que elija, tendrá que negociar y acercarse a ciertos congresistas más que a partidos completos, para sacar sus proyectos adelante.
