La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles la acusación contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, involucrado en el llamado escándalo del ‘cartel de la toga’ y ahora pasa al Senado de la República, en donde de ser ratificada, se le levantará su inmunidad, se le declarará indigno y pasará al proceso judicial formal.
Al retomar la sesión, la plenaria terminó de tramitar los impedimentos, que fueron más de 50 entre ayer y hoy, y superado ese momento se procedió a escuchar los informes con los cuales se acusaría al magistrado Malo.
En primer lugar los representantes Germán Navas Talero y Angélica Lozano hicieron lectura del informe de esta comisión accidental, que evaluó la documentación que envió la Comisión de Acusación, en la cual se pide que se siga el trámite para pedir la indignidad del togado.
Luego de eso en la plenaria se escuchó el informe central de la acusación que prepararon los representantes investigadores, Edwar Rodríguez y Fabio Arroyave. En sus exposiciones, explicaron a la corporación los sustentos jurídicos para pedir al Senado que declare indigno a Malo y así dar paso a que el Consejo de Estado procese judicialmente al magistrado.
Este miércoles a Malo la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura tomó la decisión de no incluirlo en la nómina de la Rama Judicial, por lo que en adelante no recibirá su asignación mensual de más de 31 millones de pesos.
Arroyave aseguró que la plenaria 'acogió la proposición de la Comisión de Acusaciones de acusar ante el Senado al magistrado Malo Fernández por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por omisión, cohecho y uso de información privilegiada'.
Por su parte, el representante Rodríguez sostuvo que 'por primer vez en la historia y en menos de cinco meses se adelantó contra un magistrado en curso una investigación sólida, argumentativa que prueba que al interior de la Corte Suprema de Justicia existía una empresa criminal en donde se asociaron con particulares para entorpecer los procesos que eran propios de su conocimiento, que eran evitar órdenes de captura, dilatar los procesos y como se denomina comúnmente, engabetarlos'.
Explicó además que en las pruebas se tiene cobros de 600 millones de pesos por un caso y por 2000 millones de pesos.
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