Mientras la justicia espera que la senadora electa por el Partido Conservador Aida Merlano Rebolledo comparezca a los estrados para responder por las presuntas irregularidades en su campaña de elecciones, continúan las reacciones de las diferentes partes involucradas.
Este sábado, el Partido Conservador, a través de su presidente, Hernán Andrade, emitió un comunicado en el que explica cuál es su posición sobre la situación por la que está atravesando Merlano, quien cuenta con una orden de captura vigente emanada por la Corte Suprema de Justicia.
En el texto, el colectivo político asegura que la expulsión de Merlano solo se dará en caso tal que haya una condena penal. Cabe recordar que ya fue suspendida por el veedor del partido y por el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, durante un periodo de tres meses.
'En este y en cualquier otro caso, el Partido respeta el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa; serán los jueces de la República quienes determinarán si existe o no responsabilidad penal de la representante Merlano', se señala en el documento.
Orden de captura
Fuentes cercanas a la senadora electa manifestaron a EL HERALDO que mañana haría su entrega ante las autoridades ya que la jornada laboral de la Sala de Instrucción No. 3 de la Sala de Casación Penal va de lunes a viernes. Es decir, no se hacen audiencias ni sábados, ni domingos.
Ya su abogado, Jesús Albeiro Yepes, había expresado el deseo de Merlano por comparecer para responder por los cargos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante; fabricación, tráfico, porte ilegal de armas de fuego, y ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas.
La representante a la Cámara esperará para entregarse para evitar un vejamen, pues habría estado recluida durante tres días desde que fue emanada la orden de captura en su contra, esperando para ser atendida por un juez.
Entrega de un señalado
El abogado penalista Ángel Vásquez explicó sobre la figura de orden de captura que nadie está obligado a entregarse ante las autoridades aun cuando sea requerido por estas.
'Entregarse representa un posible beneficio a la hora de una decisión de un juez, pues el indiciado muestra ante la justicia y la sociedad civil que está dispuesto a comparecer, pero no ocurre lo opuesto, es decir, no presentarse no acarrea una sanción', anotó.
Investigada
La investigación contra Aida Merlano comenzó desde el pasado 9 de marzo, cuando una fuente le comunicó a la Fiscalía sobre la presunta organización de compra de votos que ocurría en la sede de la candidata ubicada en la carrera 64 con calle 81B del barrio Paraíso.
Este lugar, denominado por las autoridades como ‘la Casa Blanca’, fue allanado el 11 de marzo, día de las elecciones, momentos después de que se cerraran las urnas.
Vanessa Merlano Rebolledo, hermana de la senadora electa; Evelyn Díaz Díaz, Edwin Martínez Salas, Jeferson Viloria Mieles y María Valencia Lugo fueron detenidos entre el grupo de 64 presentes que se encontraban en el ‘comando’. En el lugar fueron incautadas tres armas de fuego y 261 millones de pesos en efectivo.
Los cinco fueron llevados a audiencias preliminares ante el juez primero penal municipal con funciones de control de garantías Alberto Oyaga, quien al momento de justificar su decisión de cobijarlos con detención domiciliaria dijo que 'las personas aquí no son los culpables directos, detrás hay unos determinadores'.
La investigación continuó a manos de la Fiscalía, que busca descubrir a los demás actores involucrados. Un grupo del ente acusador incautó el viernes 23 de marzo la casa donde presuntamente ocurrió la compra y venta de votos. Además fueron congeladas 12 cuentas corrientes para 'establecer el origen de los dineros', manifestó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Desde entonces, el caso de los cinco detenidos en el Comando pasó del despacho de la fiscal 17 de la unidad de delitos contra la administración pública, Gueryn Hernández, a la delegada 192 de Bogotá, quien se traslada a Barranquilla cada vez que se lleva a cabo una audiencia en el proceso que espera por la declaración de la senadora electa ante la Corte Suprema de Justicia.
