Una reforma judicial que modifique las normas sobre las penas contra los corruptos, que en la actualidad se les favorece con disminución de penas, está alistando el Partido Liberal y que espera llevar a las sesiones del nuevo Congreso de la República el próximo 20 de julio.
En tal sentido el concejal de Bogotá y candidato al Senado, Horacio José Serpa, aseguró que 'es un deber del nuevo Congreso de la República el endurecimiento de las normas contra los corruptos y la eliminación de cualquier posibilidad de beneficio para reducir la pena. De igual forma, necesitamos lograr el cambio de un enfoque reactivo en el cual castigamos después de que se ha generado el daño, a un modelo preventivo en el cual velemos por aumentar el cumplimiento de las leyes, la transparencia del gasto público y mecanismos que alerten a tiempo los indicios de corrupción'.
Serpa lamentó que estas normas han llevado a que en promedio unas tres partes de quienes son corruptos en algún nivel, no van a una cárcel por sus delitos, 'en Colombia del 100% de los llamados delitos de cuello blanco que se registran, 25% pagan cárcel con un promedio de penas que no superan los 24 meses, otro 25% queda en arresto domiciliario y el 50% restante siguen libres, un sistema de justicia laxo frente a la corrupción que se debe cambiar con urgencia'.
Recordó que los delitos en contra la administración púbica, se configuran en su mayoría por la celebración indebida de contratos, previo tráfico de influencias que alteran ilícitamente el procedimiento normal del proceso. De acuerdo con registros oficiales, el cohecho y peculado son los delitos de este tipo que más reincidencia tienen.
'En Colombia tenemos la obligación de perseguir los capitales de los corruptos y sancionar a todos quienes hayan tenido negocios ilícitos con estos. Los agravantes de las penas deben duplicarse si el corrupto no devuelve la integridad de los dineros robados. También, se requiere mayor competencia entre proponentes en las licitaciones públicas, para lo cual tenemos el reto de trabajar de la mano con las entidades territoriales que deciden qué requisitos deben cumplir quienes aspiren a ganar una licitación', concluyó.
