El contralor Edgardo Maya Villazón advirtió que a lo largo y ancho del país se están moviendo subterráneamente dineros en compra y venta de cupos indicativos, para financiar las campañas políticas.
'En municipios de 10 mil o 20 mil habitantes aparecen extrañamente construyendo obras como estadios, tal como se ha visto, por ejemplo, en El Molino, La Guajira. Y resulta que es un cupo indicativo que está manejando el alcalde, para construir esa obra', indicó el titular del ente de control.
Los denominados cupos indicativos quedaron reglamentados en 2000, cuando el presidente Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda de Andrés Pastrana, y se trata, básicamente, de unas partidas que son incorporadas al Presupuesto Nacional y que se asignan a los entes territoriales a través de las solicitudes que hacen los parlamentarios sobre obras en las regiones.
La Corte Constitucional, en 2001, conceptuó que los parlamentarios pueden sugerir las obras a las cuales se les asignan esas partidas, pero esas sugerencias no son de obligatorio cumplimiento por parte del Gobierno ni de las gobernaciones o alcaldías.
Por ello, dichos cupos indicativos suelen financiar las campañas de los congresistas para favorecer sus grupos políticos regionales, debido a que el parlamentario los direcciona y define a qué mandatario departamental o local va.
Pero estas partidas no son nuevas: de acuerdo con el portal 'La Silla Vacía', 'los ministerios de Hacienda y del Interior negocian (los cupos) con los congresistas para lograr que les aprueben las reformas legislativas, especialmente las tributarias. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, negociaban un monto por legislatura con cada congresista y los recursos salían del presupuesto de Hacienda'.
De hecho, se lee en el reporte, que la denominada 'mermelada', como sinónimo de los cupos indicativos, salió al principio del gobierno Santos de un rubro de los recursos de Invías para vías terciarias y del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales, Faer y el Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone, en el que la Contraloría estableció hallazgos por $65 mil millones en proyectos que no se ejecutaron por parte de Electricaribe durante 2011 y 2012.
