Los presidentes de Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, y de Cámara, Rodrigo Lara, de Cambio Radical, anunciaron este martes que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y a la Organización de Estados Americanos, OEA, 'para preservar la autonomía parlamentaria y la división de poderes establecida constitucionalmente', luego de que distintos fallos judiciales, del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, le dieran la razón al Gobierno y establecieran que las Circunscripciones de Paz fueron aprobadas en el Legislativo.
Lo primero, dijeron en un comunicado los parlamentarios, es que pedirán a la CIDH 'medidas cautelares para proteger a los congresistas que han liderado el mantenimiento de la integridad del Estado de Derecho frente al asedio judicial, sufrido por el Congreso'.
Así mismo, enviarán una comunicación formal al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para solicitar la activación inmediata de la carta democrática que rige a los estados americanos 'con el fin de evitar que por las eventuales medidas que pueda tomar el sistema judicial colombiano se viole el principio de autonomía e inviolabilidad de los congresistas'.
Y propusieron al Gobierno presentar y dar prioridad en marzo a una nueva ley 'que asegure la representación de las víctimas en las 16 subregiones que han sido históricamente olvidadas por el Estado'.
En respuesta, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, escribió en su cuenta de Twitter que 'son las victimas quienes pueden pedir a @CIDH la protección de sus derechos. Presidente del Congreso tienen el deber de garantizarles sus derechos'.
Rivera ha insistido en que el proyecto de participación política pactado en la mesa de paz de La Habana abría un espacio en el Congreso a las víctimas y a los líderes sociales. La oposición, por su parte, aseveró que esos espacios iban a ser copados por fichas de las desmovilizadas Farc.