Las inhabilidades para ocupar el cargo de aquellos magistrados que hayan actuado contra el Estado o hayan sido defensores de Derechos Humanos, y la reiteración de que los delitos sexuales contra menores de edad irán a la justicia ordinaria, fueron las dos principales modificaciones con las que quedó el texto final de conciliación de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
En la tarde de este martes los conciliadores: Horacio Serpa Uribe (Partido Liberal); Juan Samy Merheg Marún (Partido Conservador); Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, y Orlando Guerra, del Partido Conservador, se reunieron para dar el último retoque al texto final de la JEP.
'En su gran mayoría, las diferencias entre lo aprobado entre una y otra cámara responde a precisiones que se pudieron realizar luego de conocer el fallo de la Corte Constitucional en relación con el Acto legislativo No. 01 de 2017. De esta manera, buena parte del texto que fue aprobado por la Plenaria de la Cámara no sólo incluye los contenidos del Senado, sino adicionalmente, se ajustan a lo establecido en la mencionada sentencia', asegura el informe de conciliación.
Y agrega que luego del estudio de los 162 artículos que conforman el proyecto, 'la Comisión encontró que sólo en 43 de ellos se presentaba alguna diferencia en relación con los textos aprobados por la Plenaria de la Cámara de Representantes y el Senado de la República'.
Según Carlos Abraham Jiménez se tomó todo el texto de la Cámara de Representantes, exceptuando el régimen de inhabilidades de los magistrados que nos parecía inconcebible que miembros de la JEP hubieran demandado al Estado, no podíamos borrar la palabra defensores de derechos humanos, que era lo que originaba el conflicto, pero nosotros no podíamos modular esos textos por lo que se escogió el Senado y esperamos que la Corte Constitucional se pronuncie sobre eso'.
El texto final asegura que 'quienes dentro de los cinco años anteriores a la fecha de posesión, hayan ejercido la representación judicial o administrativa en actuaciones relacionadas con hechos del conflicto armado o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal representación' no podrán ser magistrados de ese tribunal.
Así mismo, inhabilita a quienes cinco años antes de posesionarse 'a título personal o por interpuesta persona, haya gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario o al Derecho Penal Internacional o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal representación'.
Jiménez aseguró que frente a los delitos sexuales cometidos por exmiembros de la guerrilla se tomó el texto de Cámara; es decir, que los conciliadores decidieron que se apliquen las sanciones que contempla la Justicia Ordinaria contra quienes cometan o hayan cometido ese tipo de delitos.
Cabe recordar que en la conciliación también se incluyó el artículo 13 aprobado por el Senado de la República, dicho artículo habla de la Centralidad de los derechos de las víctimas y quita los dos parágrafos incluidos por la Cámara, en los que se ordenaba al Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición adoptar un enfoque de género 'conociendo las medidas de reparación y restauración, el sufrimiento especial de las mujeres y la importancia de su participación activa y equitativa en la JEP'.
Frente al artículo 19 los conciliadores adoptaron el texto de Cámara, que dice que nadie que se someta a la JEP puede renunciar a la acción penal 'cuando se trate de delitos no amnistiables'. Cabe recordar que el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, dijo el pasado lunes que con esto se cierra la puerta a que los graves crímenes queden en la impunidad, 'no se podrá renunciar a la acción penal, independientemente de quien sea, será investigado y sancionado por la JEP'.
La Cámara de Representantes anunció la votación de la conciliación para la plenaria que iniciará al medio día de este miércoles; se espera que el Senado haga lo propio antes del próximo jueves, para que el articulado pase a la revisión de la Corte Constitucional.
