Una palabra sirve para describir las razones de la masacre de ocho campesinos cultivadores de hojas de coca en Puerto Rico, jurisdicción de
Tumaco (Nariño): abandono. Abandono de todo y de todos. Los habitantes de esta región del país, dedicados en su inmensa mayoría al cultivo de hojas de coca como medio de subsistencia, están hoy más desprotegidos que nunca. Las Farc se fueron y el Estado nunca llegó.
De esta forma quedaron más de 24.000 familias a merced de los disidentes de las Farc, asociados con las bandas criminales, que siguen narcotraficando a sus anchas, mientras obligan a los campesinos a seguir sembrando coca. Hoy Nariño está más olvidado que nunca. Sus habitantes viven en el peor de los mundos y como si fuera poco, el Gobierno -que los embarcó en esta pesadilla- se lava las manos, al tiempo que busca culpables para justificar su ineptitud y su aberrante improvisación.
El caso de Tumaco se replica en todo el país. En los Montes de María, por ejemplo, convencieron a los campesinos de que lo mejor era sembrar ñame y ellos sembraron ñame. ¿Para qué? Para después abandonarlos a su suerte, porque el Ministerio de Agricultura no ha sido capaz ni siquiera de construirles un centro de acopio, que les permita salvar la cosecha de más de 4.000 hectáreas sembradas.
Hubo que hacer campañas sociales por parte de particulares –como la llamada #EseMoteVa, liderada por la gestora social Susana De León y Christian Daes, presidente de Tecnoglas, – y oficiales –como el 'Ñametón'– por parte de la Gobernación de Bolívar, asociado con la Fundación Semana, para paliar la tragedia. El abandono de los Montes de María es el mismo de Tumaco, pero sin muertos, por ahora.
Tumaco es un mar de coca. Los cultivos ilícitos no paran de crecer y el Gobierno no para de hacer anuncios, según los cuales ahora sí llegarán los programas para que los campesinos abandonen los cultivos ilícitos y comiencen a sembrar productos lícitos. En la zona de Puerto Rico, donde ocurrió la masacre, atribuida por las autoridades a ‘Guacho’ y ‘David’, disidentes de las Farc, hay sembradas más de 24.000 hectáreas de hojas de coca. En Nariño los cultivos ilícitos crecieron en un 72 por ciento, a pesar de que el Gobierno escogió al departamento para poner en marcha un plan piloto de erradicación de hojas de coca.
Pero mientras el Gobierno hace anuncios y promesas, los disidentes de las Farc, asociados con las bandas criminales, amenazan de muerte y asesinan a los campesinos que abandonen los cultivos ilegales. En ese escenario de confrontación aparecen las Fuerzas Militares y la Policía a 'poner orden', que no es otra cosa que cumplir las órdenes que desde Bogotá les imparten sus superiores, mientras se toman fotos con los jefes de las Farc, ahora desmovilizados.
Es claro que en esas circunstancias el modelo de 'erradicación manual voluntaria' va a fracasar, por una sencilla razón: ni es erradicación, ni es manual, ni es voluntaria. Pero la 'erradicación forzosa', que se pone en marcha por parte de la Fuerza Pública cuando la 'voluntaria' no funciona, también fracasará, por la misma razón: ni es erradicación ni es forzosa. El Gobierno debe entender que lo que no hay es erradicación, porque el multimillonario negocio del narcotráfico no lo permite.
Lo que habrá será más muertos. Y ello es así porque los cultivadores de coca de Nariño quedaron en el peor de los mundo: por un lado les echan bala los ‘malos’ y por el otro les echan bala los ‘buenos’. De modo que cualquiera de los dos lados –los disidentes de las Farc asociados con las Bacrim o la Fuerza Pública– pudieron matarlos. Esa es la triste realidad. ¿Qué hay detrás de la masacre de Tumaco? ¿Quiénes deben responder por la acción criminal?
