El Gobierno Nacional objetó otros dos proyectos de ley aprobados por el Congreso de la República en la pasada legislatura.
Se trata de la norma que definía la infertilidad como una enfermedad cuyo tratamiento debía ser financiado por el Estado, y la que limitaba la reconexión de servicios públicos para los estratos más bajos.
En ambos casos, el presidente Juan Manuel Santos, al devolver al Congreso los textos de ambas iniciativas, argumentó razones de inconstitucionalidad e inconveniencia fiscal.
Respecto a la iniciativa de fertilidad, Santos consideró que Colombia cuenta con una completa política pública de prevención de la misma y de atención integral en salud.
Así mismo, dijo que dentro del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de pago por Capitación, se incluyen tecnologías en salud, actividades, procedimientos, medicamentos, dispositivos y servicios para el diagnóstico de la infertilidad.
Según el Ejecutivo, el Plan de Beneficios en Salud cuenta, además, con tecnologías como consulta médica especializada, laboratorios clínicos y procedimientos, juntas médicas, interconsultas y valoraciones, tanto de urgencias como de internación.
Respecto del tema fiscal, dijo que 'el Estado tendría que hacer un esfuerzo bastante considerable', dado el alto costo de los tratamientos mediante técnicas de reproducción humana asistida o terapias de reproducción.
Por ello, afirmó que la iniciativa vulnera el principio de sostenibilidad fiscal toda vez que los tratamientos de fertilidad (inseminación artificial intrauterina y fecundación in vitro) para la población que lo requeriría implicaría un costo cercano a los $13 billones, para lo cual el proyecto no dispuso de fuentes adicionales de recursos.
Además, afirmó que 'pondría en peligro la atención de los servicios de salud a los que accede toda la población, unos 4 millones de afiliados'.
Reconexión
Con relación al proyecto que limita la reconexión de los servicios públicos, el presidente Santos expresó en su carta de objeciones al Congreso que los usuarios que no pagan incumplen sus obligaciones con las empresas y dificulta que estas presten sus servicios con criterios de eficiencia.
'Cuando un usuario no paga por el servicio recibido está obrando como si los demás usuarios tuvieran que correr con su carga individual y financiar transitoria o permanentemente su deuda', se asegura en las objeciones a la norma aprobada por el Congreso.
Y concluye que estos dos proyectos debieron contar con la aprobación del Gobierno, pero en ningún caso fue consultado. Colprensa
