Malestar provocó en el procurador general, Fernando Carrillo, la propuesta de la Misión Especial Electoral que entregó al presidente Juan Manuel Santos un conjunto de iniciativas para reformar el sistema electoral.
Carrillo manifestó su preocupación por una iniciativa que le quitaría la facultad al Ministerio Público de sancionar a quienes fueron elegidos en las urnas.
Casos como los de Piedad Córdoba, Gustavo Petro o Samuel Moreno, ya no serían investigados y sancionados por la Procuraduría. A estos se suman gobernadores, diputados y concejales que fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos. Para el procurador Carrillo cercenarle la facultad de sancionar a la Procuraduria 'es inoportuna e inconveniente'.
Sobre todo en el momento en que los entes de control apuntan a destapar casos de corrupción. 'Va a tocar pensar en cerrar la Procuraduría', dijo. 'Lo que hay que hacer aquí es dejar los santos quietos. Si quieren reformar las instituciones que lo hagan, pero que no se inventen retrocesos institucionales recortando un poder que es tan necesario', manifestó el procurador.
Elizabeth Ungar, quien estaba en el foro y es uno de los seis expertos que participó en la propuesta increpó al procurador y le dijo que no era cierto que la Misión Electoral hubiese hecho esa propuesta y que era una mala interpretación.'Si luego de la investigación por parte de la Procuraduría se concluye que hubo faltas disciplinarias de derechos políticos de los investigados, la Procuraduría acusa ante el nuevo ente que se va a crear, el Corte Electoral', explicó Ungar.
