A pesar de que el conflicto armado en Colombia tiene una historia de varias décadas, con orígenes que preceden y poco se relacionan con el surgimiento del narcotráfico, la construcción de la paz estable y duradera que propugna el Acuerdo de Paz no será posible a menos que se resuelva el problema del cultivo, producción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio.
Según Silvia Gloria, decana de la División de Ciencias Jurídicas de Uninorte, la incorporación en el Acuerdo de Paz de un punto relacionado al manejo del asunto de las drogas ilícitas era necesario, teniendo en cuenta que 'el narcotráfico es uno de los principales motores del conflicto y que precisamente las Farc pudieron apalancar su actividad subversiva y escalar sus acciones violentas en el país, a partir de la rentabilidad que han obtenido con su participación en este negocio'-
Gloria indica que se debe tener en cuenta que, en Colombia, el problema de las drogas ya no solo está relacionado con la producción de drogas para exportar a los principales polos de consumo, como América del Norte y Europa, sino con la demanda interna y el incremento en el uso de sustancias dentro del país.
¿Qué se acordó?
En el punto 4 del Acuerdo, las Farc se comprometieron a no continuar participando del negocio del narcotráfico y de contribuir mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.
De acuerdo con informes de la Policía antinarcóticos, el grupo subversivo venía haciendo parte activa de casi todos los eslabones del negocio: desde la siembra de hoja de coca y marihuana, la producción en los cristalizaderos, el tráfico y la distribución, así como en alianzas con bandas criminales y carteles internacionales (mexicanos en su mayoría), derivando de allí importantes recursos que le permitieron financiar su operación militar.
Por otra parte, el Gobierno Nacional se comprometió a impulsar las normas y políticas públicas necesarias para dar un tratamiento diferenciado a cada uno de los eslabones que hacen parte de esta estructura económica ilegal.
Sustitución de cultivos
En 2015, los cultivos de coca se volvieron a incrementar y todo parece indicar que la tendencia se mantiene. El Gobierno se comprometió a crear un programa de incentivos y apoyos para que los campesinos que vienen sembrando coca la erradiquen manualmente y reemplacen estos cultivos por otros lícitos que les permitan su subsistencia.
Para ello, el gobierno acordó darles a los cultivadores todo el apoyo técnico y para la comercialización de los nuevos productos, mejorar la infraestructura de vías terciarias y fortalecer la presencia institucional del Estado, a fin de llevarles salud, educación, seguridad y servicios, con miras a hacer posible que estas personas permanezcan en el campo y puedan solventar sus necesidades.
Las zonas en que se ha identificado el mayor número de cultivos serán priorizadas por el plan de acciones, a fin de que rápidamente puedan reconvertirse a la actividad agrícola legal.
'En el marco del posacuerdo, la inyección de recursos y bienes públicos en las áreas más afectadas por el cultivo podría contribuir a su reducción', explica Silvia Gloria. Para esto, afirma, es necesario una institucionalidad con capacidades, que trabaje articuladamente con las administraciones locales.
'Esta mayor inversión de la mano con un programa efectivo de acceso y formalización de tierra y de acceso a insumos productivos, puede convertirse en un verdadero incentivo al arraigo de los campesinos, el acceso al crédito y la generación de tejido social en las comunidades'.
Gloria agrega que el desafió es apoyar también en su fortalecimiento a los municipios que sirven de corredores para el tráfico de las drogas y de base para su procesamiento en cristalizaderos, que son mayoría en el Caribe colombiano y requieren con la misma urgencia una presencia fuerte del Estado.
Enfoque de salud
De acuerdo con lo pactado, las personas que consuman drogas ilícitas no serán sancionadas por el sistema penal. El consumo de drogas ilícitas será tratado como un problema de salud pública para efectos de prevenirlo y en el caso de los adictos, poder ayudarlos en el control de la adicción. Para ello se requerirán ajustes a la regulación penal, que eliminen la penalización.
Al decir de expertos como Juan Carlos Garzón, 'la evidencia internacional muestra que la primacía del enfoque punitivo, ha aumentado la vulnerabilidad de los usuarios, estigmatizándolos y alejándolos de los servicios de salud, poniéndolos en riesgo'
El informe de la OEA 'El problema de las Drogas en las Américas' plantea que la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada como la base de cualquier estrategia de Salud Pública.
Silvia Gloria reconoce que adoptar esta figura enfrenta desafíos importantes para Colombia, donde el sistema de salud pública está en crisis y las capacidades institucionales son realmente insuficientes para dar respuesta al problema del consumo y la adicción. 'Estas acciones cargarán aún más el ya debilitado sistema de salud, con las consecuencias que ello genera para el bienestar de todos'.
Sin embargo, un aspecto positivo que destaca de adoptar el enfoque de salud pública, es que este ubica en el centro del asunto a las personas y el reconocimiento de sus derechos y libertades, 'con lo cual el proceso tiene el gran potencial de permitirnos humanizar nuestra sociedad, reducir la estigmatización y mejorar las posibilidades de funcionalidad de los consumidores, aún de los más problemáticos'.
Solución al tráfico de drogas
En cuanto al procesamiento y tráfico de drogas ilícitas, el gobierno se comprometió a fortalecer su programa de lucha contra el delito, teniendo en cuenta que alrededor de las mismas se generan ejes importantes de violencia asociada. Asimismo, manifestó su compromiso de perseguir, enjuiciar y penalizar a quienes se dediquen a estas actividades, así como a otras que se consideren conexas como el lavado de activos.
Silvia Gloria señala que para que esta estrategia funcione habría que comenzar por concentrar los esfuerzos en el desmonte de cristalizadores, la incautación de insumos y de grandes cargamentos.
De acuerdo con Juan Carlos Garzón, en 2015, de los casi 3.900 hechos de infraestructura de producción destruidas, apenas 60 están relacionados con cristalizadores (el 1.5%). Gloria asevera que habría que aumentar significativamente esta cifra, para golpear de manera contundente las redes criminales, teniendo en cuenta que el valor de cada uno de estos cristalizadores asciende a los 3.000 millones de pesos.
Uso ancestral de las plantas
El punto 4 del Acuerdo reconoce los usos ancestrales de las plantas, así como sus beneficios para la industria médica y científica, lineamientos en los que ha trabajado desde hace más de tres años el senador Juan Manuel Galán, quien en julio de 2014 presentó un modelo de regulación para la marihuana en Colombia. Este fue aprobado por el presidente Juan Manuel Santos a través de la Ley 1787 de 2016, con la que se creó un marco regulatorio para el acceso seguro e informado del uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el Colombia.
'El espíritu de este proyecto es privilegiar a los pacientes, son más de 48 millones de colombianos los potenciales pacientes que pueden en algún momento necesitar acceder a esta sustancia', comentó el senador durante un evento realizado en la Universidad del Norte el pasado 8 de septiembre.
'Hay una gran tentación por el negocio del cannabis medicinal, para volver a Colombia una especie de maquila de marihuana y eso es lo que nosotros no queremos; hay muchas empresas multinacionales que ven en Colombia una oportunidad de oro de venir a abaratar costos de producción para sacar la sustancia y que no le quede nada al país, ninguna transferencia de tecnología ni beneficios para los pacientes', afirmó Galán, resaltando que la capacidad de regular el acceso, calidad, precio y seguridad de las sustancia recae sobre el Estado.
Narcotráfico: Problema mayúsculo
Un reporte de 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimó que por cuenta del narcotráfico ingresaban de $16,6 billones a Colombia (cerca del 2% del PIB de 2012) y que el país era el principal productor de coca a pesar de una reducción de casi la mitad de cultivos ilícitos a raíz de programas erradicación gubernamentales desde inicios de siglo.
La UNODC señala también que los cultivos de hoja de coca se han duplicado en los últimos dos años reportados. Entre 2013 y 2014 pasaron de 48.000 a 69.000 hectáreas y entre 2014 y 2015 el segundo se dispararon a 96.000 hectáreas, la cifra más alta en la región y la más alta en el país desde 2007.
