Es innegable el hecho que el fin del conflicto armado entre el Gobierno y las Farc deja efectos sobre la Región Caribe, sus departamentos, municipios y poblaciones.
Aunque el Caribe colombiano no ha sido el principal territorio de dominio de este grupo insurgente, la confrontación armada afectó el tejido social, económico y político.
En esta parte del país se han librado intensas luchas por el control territorial entre las guerrillas y los grupos paramilitares que han afectado de manera notable a las comunidades. La influencia de la guerra se ha visto reflejada, por ejemplo, en el producto interno bruto de la región. Este índice disminuye en un 4.1% por cada ataque de un grupo al margen de la ley, de acuerdo con un estudio de 2013 del Grupo de Investigación en Análisis Económico (Graneco) de la Universidad del Norte.
Por esa razón, se esperaría que con el cese de hostilidades con las Farc la región deje de padecer algunas de estas disminuciones. Además de esto, se han identificado algunas otras consecuencias positivas que podría derivar el acuerdo. Misión Caribe analiza, a continuación, algunas de ellas.
La cuestión rural
Mario De La Puente, investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales considera que un escenario que podría derivar beneficios para el Caribe es que se materialice efectivamente la propuesta de reforma rural contenida en el punto 1 del acuerdo.
A través de esta se propone la creación de un Fondo de Tierras, que tiene como objetivo adjudicar 3 millones de hectáreas, provenientes de baldíos y por extinción administrativa de dominio. Según el investigador, esto iría acompañado de una ayuda financiera del Estado y la posibilidad de acceso a créditos para productores agrícolas que antes no podían acceder a ellos
Entre las poblaciones que se verían priorizadas con estas adjudicaciones se encuentran los desplazados, una población que entre 1987 y 2008 alcanzó una cifra de 700.000 en el Caribe, según la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. De acuerdo con la Comisión Nacional de Reparación Conciliación, el Caribe es la región que representa la mayor proporción de tierras abandonadas por desplazamiento en Colombia y, además, las ciudades de la región son las que han recibido el mayor número de desplazados del campo con potencial de retorno.
'Esta estrategia sería muy importante, porque permitiría no solamente que muchos desplazados ubicados en las periferias de Cartagena o Barranquilla tengan un incentivo para regresar al campo, sino que, a través de planes de desarrollo con enfoque territorial, quienes accedan a estas tierras podrán tener acompañamiento técnico y capacitación, para que realicen actividades económicas propias del campo', afirma De La Puente.
El experto asegura que 'los créditos, acompañados con una adecuada formación técnica deberían permitirles aprovechar la tierra para lo que es buena', refiriéndose a los problemas de utilización del suelo rural, un asunto incluso que considera de gravedad similar al alto índice de concentración de la tierra en pocos propietarios que muestra el Caribe.
La ganadería extensiva ha sido la principal actividad agropecuaria de la Región y muchas de las tierras aptas para la agricultura han sido utilizadas para la apropiación y ampliación de los predios ganaderos. En la Región se utilizan actualmente 6,1 millones de hectáreas para ganadería, aunque, de acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), solo 2 millones cuentan con vocación real para esta actividad.
Sucre es el segundo departamento a nivel nacional con mayor conflicto de uso de suelo rural. La mitad de sus hectáreas para uso agrario tienen potencial agrícola y solo son utilizadas para ese fin en un 10%, mientras que para ganadería se utiliza un 53% de la tierra, a pesar de solo ser apta en un 20% para esta actividad. A través de la implementación del punto 1, podría haber posibilidad de incorporar de manera adecuada esas tierras a la producción agrícola o forestal.
'Esto podría generar oportunidades para que el sector rural vuelva a ser competitivo en la producción de bienes agropecuarios y ayudar en un mejor suministro de alimentos, no solamente al Caribe sino a todo el país, teniendo en cuenta que no obstante las divisas han subido mucho, tenemos que seguir importando alimentos', manifestó De La Puente.
Efectos económicos
De La Puente destaca diversos beneficios que podría derivar la economía del Caribe a partir del posacuerdo. El principal de estos es el crecimiento general de la economía que se estima aumente el ingreso promedio por habitante.
Con esto se espera que se reduzcan los índices de pobreza multidimensional de la Región, que en 2013 fue de 37.4% a nivel regional (a nivel nacional fue del 24,8%). Otro factor que podría generar beneficios sería la disminución de la población desplazada, de la cual el 97% vive por debajo de la línea de pobreza.
El Acuerdo podría también traer un aumento de la economía formal: al poder ejercer el Estado un mayor control sobre actividades de minería legal, cuyos efectos se han sentido en departamentos como Córdoba, y haber una mayor capacidad institucional, se generan los espacios adecuados para la formalización.
Por supuesto, la percepción de los mercados financieros sobre Colombia también podría atraer más inversión extranjera hacia el Caribe colombiano y la confianza en la seguridad podría generar un aumento en el turismo, vocación principal de la región.
Lucha contra bandas
Otro de los efectos posibles del Acuerdo en el Caribe que señala De La Puente, es el fortalecimiento del Estado en la lucha contra el fenómeno neoparamilitar. El investigador explica que este es un residuo de grupos paramilitares que buscan tener poder territorial para seguir controlando las rutas del narcotráfico en el Caribe colombiano y que va a poder ser más fácilmente combatido si el Ejército no tiene que repartirse en su lucha entre grupos insurgentes y paramilitares, sino que puede concentrarse en estos últimos.
Luis Fernando Trejos, también investigador del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Uninorte, explica que desmovilización del Bloque Norte de las AUC, que tenía mayor influencia en el Caribe colombiano, 'no dio por finalizado el paramilitarismo y todas sus redes de ilegalidad en la región, sino que dio inicio a una compleja trama de reconfiguraciones de las estructuras y grupos armados que no participaron en el proceso de desmovilización además de otros que se rearmaron, y otros que emergieron'.
Estos grupos son de naturaleza puramente delincuencial dirigen su acción violenta en contra de la población civil, lo que se refleja en la continuación de graves problemáticas humanitarias como el desplazamiento forzado y ataques contra defensores de Derechos Humanos. Trejos destaca que para 2012 solo en el Cesar, Magdalena y La Guajira había 12 grupos armados diferentes.
De acuerdo con De La Puente, el fin del conflicto entre el Gobierno y las Farc 'permitirá que el ejército nacional se enfoque mucho más en este fenómeno y que le asignen mayores partidas presupuestarias a la policía para combatir el crimen organizado que se encuentra en las ciudades, que no solamente se encargan de sacar grandes cantidades de drogas, sino de tener control del microtráfico, extorsión y todo lo que viene con esto.
Caribe: ¿Cuántas víctimas hay en la región?
La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas tiene registrados 2.332.276 víctimas en el Caribe, lo que equivale al 20% de la población total de la región (10.301.982 habitantes) y al 29% del total de víctimas a nivel nacional. De las víctimas en el Caribe han sido reparadas 85.623 personas, es decir, el 3,6%.
De acuerdo con un informe estadístico (a corte hasta junio de este año) de la misma entidad en la Costa, el departamento con más víctimas registradas es Bolívar, con 464.321. Le siguen Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre, Atlántico y por último La Guajira.
