Luego de la firma definitiva del Acuerdo Final el próximo 26 de septiembre, se espera que el país comience a experimentar dinámicas económicas, sociales y políticas que podrían alterar el equilibrio de las alianzas políticas y económicas que caracterizan a Colombia desde las reformas neoliberales de los años 90, las cuales han apuntado a mantener el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación.
Jairo Parada, profesor del departamento de Economía de la Universidad del Norte, afirma que, al examinar los puntos del Acuerdo de Paz, puede concluirse que su desarrollo implica un compromiso de gasto público que pareciera imposible de abordar desde esa óptica de restricción monetaria que se establece en la Regla Fiscal del país.
'La dimensión de las tareas planteadas en La Habana son de tal magnitud que es poco probable que puedan ser atendidas dentro de los parámetros del modelo económico colombiano vigente', sostiene Parada, haciendo referencia a la necesidad de que las inversiones acordadas estén acompañadas de presencia estatal a favor de la tercera parte de la población colombiana, hoy excluida. 'Es un proceso de construcción que será difícil y costoso'.
Aunque el posacuerdo encuentra al país en un ambiente económico complejo, de acuerdo con Parada las acciones que requiere no deben ser vistas como costos sino como inversiones que, de realizarse, generarán dividendos económicos y sociales al país. 'Para ello se necesita una política macroeconómica flexible, con el fin de que sea posible que el país cuente con un ambiente que permita la generación de ingresos y de empleo que haga sostenible el proceso'.
¿Cuánto costará?. No existe un concenso sobre los gastos e inversiones que se requerirán para hacer realidad los compromisos adquiridos en el acuerdo. Según los estimativos de la Comisión de Paz del Congreso, se requerirán inversiones por valor de $93 billones durante los próximos 10 años.
Aquí se incluyen el costo de fortalecer las instituciones mínimas que garanticen justicia y seguridad pública; regulación de la propiedad, uso y explotación de la tierra; servicio civil y capacidad administrativa, financiera y de planeación local, tributación local y capacidad fiscal; e inversiones cuantiosas en salud, educación, vías, agua, electrificación, vivienda y desarrollo rural.
El exministro de Hacienda y Agricultura Juan Camilo Restrepo ha estimado que se necesitarán entre 80 y 100 billones de pesos a diez años, tan solo en la implementación de planes de carácter rural. Otros análisis ofrecen cifras aún más altas, como el del Bank of America, que calcula que el costo será de $187 billones a lo largo de una década.
Según Jairo Parada, es necesario examinar los gastos en torno puntos del acuerdo para analizar lo necesario en cada caso. En primer lugar, se encuentra la reforma rural, que incluye 'inversiones y proyectos que nunca se habían considerado para el sector agropecuario' para buscar una transformación estructural que mejore las condiciones de vida del sector rural. Esto, de acuerdo con Parada, obliga a compromisos presupuestales aún mayores para acometer las reformas y el desarrollo de la infraestructura de bienes públicos del campo colombiano.
En cuanto a la justicia transicional, encaminada a consolidar la paz a través de la verdad, la justicia y la reparación integral y la atención de las reclamaciones que presenten las víctimas del conflicto armado, hay que tener en cuenta que su implementación implica reformas institucionales importantes. 'La implementación de la Jurisdicción Especial de Paz con un Tribunal y numerosos jueces, será una carga presupuestal adicional al desfinanciado sistema judicial colombiano', explica Parada.
El proceso de desarme, desmovilización y reintegración costaría entre $1.8 billones y $2.7 billones según un estudio de la Contraloría General de la República. Sin embargo, según Parada 'si bien puede verse como una cifra elevada, es necesario reflexionar sobre los costos de combatir estos guerrilleros versus el costo de incorporarlos a la sociedad'.
El texto del Acuerdo establece que el auxilio máximo a que podrá acceder un desmovilizado de la guerrilla será de casi $25 millones, representados en un auxilio mensual de $620.000 por dos años, una asignación única de normalización de $2 millones, y $8 millones a los que podrán acceder por única vez si deciden emprender 'proyectos productivos'. Al tiempo hay que contar con que el partido político que creen las Farc tendrá una financiación estatal de $5.200 millones, similar a la de los demás partidos del país.
¿De dónde saldrá el dinero?. El presidente Juan Manuel Santos aseguró el pasado jueves que la nueva reforma tributaria que se presentará en octubre, una vez se realice el plebiscito, no está pensada para acopiar recursos para financiar el posconflicto, ya que este último, 'tiene sus propias fuentes de financiación', muchas de las cuales, según señaló el mandatario, ya están en los presupuestos.
El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó y le fue aprobado por el Congreso de la República un presupuesto de $224.4 billones para 2017. Este representa un aumento del 6.6% con respecto al año pasado, que es inferior a la tasa de inflación del país en los últimos 12 meses: 8.10%.
'Esto significa que el presupuesto real para el año entrante será menor y sabemos que el posconflicto generará una ampliación del gasto público, lo que implica que tendríamos que ampliar el déficit fiscal. Pero la Regla Fiscal que tenemos lo impide constitucionalmente', sostiene Jairo Parada.
El Ministro Cárdenas previamente había anunciado que, para 2017, $12 billones estaban presupuestados para las víctimas del conflicto: de ellos, $3.8 billones serán para inversión; $4.1 billones para la educación de las víctimas y sus familias; $2.6 billones para la salud; $700.000 millones para la reparación y $800.000 millones para el funcionamiento del sistema de víctimas. Esto implica un considerable aumento en el rubro presupuestal de víctimas respecto al previsto para 2016.
No obstante, Parada considera preocupante el hecho que para 2017 se haya disminuido en más de un tercio el presupuesto para el sector agropecuario, el cual será clave para la implementación del posacuerdo; así como los recortes en otros rubros de inversión social. Además, sugiere, haciendo eco a la propuesta del exministro de Hacienda Rudolf Hommes, que la Regla Fiscal 'hay que ponerla de un lado', al considerarla 'una barrera institucional para implementar el posacuerdo'.
'Hay una política de paz que decide ampliar el gasto y una política económica tradicional de seguir contrayendo el gasto por el temor a la inflación y por satisfacer a las compañías internacionales de rating', añade Parada. 'Si vamos a montar el posconflicto con la política económica tradicional lo que vamos a tener en el país va a ser una gran frustración'.
Las ganancias del posacuerdo
El posacuerdo no solo debe verse en la vía del gasto, sino también en la de los ahorros presupuestales que generará. Sin minas antipersonas, siembra de cultivos ilícitos, ni abandono de tierras se estaría produciendo en 110.000 hectáreas de tierra adicionales, generando cerca de 700.000 toneladas más de alimentos. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación, en un escenario libre de conflicto, habrá ahorros por $1,2 billones por costos evitados en recuperación de hectáreas deforestadas, $262.000 millones por emisiones de CO2, $96.000 millones por pérdida evitada de bosque, $516.000 millones por costos en salud por el uso del mercurio y $636.000 millones por costos evitados de limpieza, pérdida de petróleo y servicios sistemáticos.
En promedio, en los municipios en medio del conflicto se deforestan 6,5 hectáreas por cada 1.000 hectáreas de bosque, tres veces más que municipios donde no hay conflicto. El DNP afirma que Colombia, en total ahorraría $7,1 billones en daños ambientales por año.
En cuanto al gasto militar, vemos que el país pasó de invertir $12,6 billones en gastos de defensa en el 2012 a $27,7 billones en 2014 (o 3,5% del PIB). La experiencia del posconflicto en El Salvador, muestra que su gobierno destinaba el 4.2% del PIB para seguridad y hoy en día, 14 años después de la firma de su acuerdo de paz solo se destina el 1.1% del PIB.
Si bien el gasto militar ha de disminuir, esto no quiere decir que las fuerzas militares vayan a desaparecer o debilitarse. El gasto en seguridad no puede reducirse abruptamente debido a que podría dispararse la criminalidad común, pues los grupos criminales intentan llenar los espacios libres dejados por la guerrilla de las Farc.
Ayuda internacional
Esta será, en menor medida, una fuente de financiación para el posconflicto, a través de programas como Plan Paz Colombia, el Fondo Fiduciario para la Paz, y donaciones voluntarias de países como la realizada por Suecia, por un monto de USD$112 millones. 'Esta ayuda es importante, pero es probable que no supere los 6 billones de pesos', sostiene el economista Jairo Parada.
