En Colombia desde el año 2003 según datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración, se han desmovilizado 57.996 combatientes a nivel nacional. 49.156 hombres y mujeres ingresaron al proceso de reintegración de la ACR y un total 13.797 personas han culminado el proceso de reintegración. La población que aún se encuentra en el proceso de reintegración bajo el apoyo de la ACR está compuesta por 16.233 personas (ver infografía).
En el Caribe durante el mismo periodo se han desmovilizado 12.931 combatientes, quienes representan el 22% del total de desmovilizados en el orden nacional. Se puede discriminar la cifra de desmovilizados en el Caribe colombiano por departamentos así: Córdoba con 3.388 desmovilizados, Cesar con 3.075, Magdalena con 2.060, Atlántico con 1.368 desmovilizados, Bolívar con 1.309, Sucre con 916 y la Guajira con 410 desmovilizados.
El departamento del Atlántico, a pesar de no ser referente directo del conflicto armado hospeda a más de un millar de desmovilizados de diferentes grupos armados, especialmente del paramilitarismo. 90% de estos reintegrados hicieron parte de grupos paramilitares, quienes tuvieron una mayor presencia en la Región Caribe, un 6% de las Farc, un 3% del ELN y un 1% de alguna de sus disidencias.
El Cesar actualmente es el departamento que cuenta con más excombatientes de las Farc dentro del proceso de reintegración con 179, seguido por Bolívar con 172, Sucre con 123 y Atlántico con 119.
En la actualidad, un total de 3608 desmovilizados han completado el proceso de reintegración en el Caribe, y ya se encuentran aportando a sus comunidades, a la sociedad, mientras construyen un proyecto de vida y se desenvuelven como ciudadanos en el día a día.
De acuerdo con Juan Pablo Isaza, profesor e investigador del departamento de Derecho de Uninorte, la reintegración consiste en un reto muy amplio y el Caribe como territorio de paz es muy atractivo para que los excombatientes busquen en esta región establecerse de manera definitiva. Esta situación, según Isaza implica que tanto las autoridades administrativas y la sociedad en general deben prepararse para este inminente proceso y el Estado deberá garantizar las condiciones necesarias para el éxito de este programa y la sociedad civil deberá prestar su apoyo en el esfuerzo de integrar a estos hombres y mujeres de manera efectiva a la vida civil.
Claves de la reintegración. El proceso de reintegración dura aproximadamente 6 años y medio, tiempo durante el que se busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas en los desmovilizados. De acuerdo, con Andrés Echavarría, coordinador de la Agencia Colombiana para la Reintegración, la cifra de reintegraciones exitosas en el Atlántico (494), porcentualmente constituye una de las más altas en el país.
Echeverría asegura que los resultados positivos que ha arrojado el programa, especialmente en Atlántico, se deben al aprendizaje que la Agencia Colombiana para la Reintegración ha adquirido a raíz de los traspiés de otras políticas de reincorporación de desmovilizados en el pasado. El Programa Presidencial para la Reinserción, creado en 1991 y su sucesor, el Programa de Reincorporación a la Vida Civil, instaurado en 2003, cayeron en errores similares al confundir los conceptos de reinserción con reintegración, lo que se reflejaba en un programa asistencialista.
Se encontró que a los dos años muchos de los reinsertados no habían superado dificultades y seguían en la misma situación que cuando entregaron las armas. El proceso viró entonces hacia una reintegración para que los desmovilizados pudieran desenvolver en la civilidad y no la ilegalidad y generar su propio sustento.
Así se dio paso a la Alta Consejería para la Reintegración, precursora de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que planteó que el proceso de reintegración podría durar entre 6 y 7 años (los plazos en previas experiencias habían oscilado entre 18 meses y la indefinición), partiendo de la hipótesis que la persona deja el grupo armado siendo analfabeta y termina el proceso siendo bachiller.
La actual ACR, desde 2011 trabaja con un fundamento teórico y académico fuerte, para determinar las condiciones de vulnerabilidad de los excombatientes, que tradicionalmente fueron asociadas con la pobreza, provocando respuestas asistencialistas. Se ha aprendido a lo largo de 13 años que la respuesta adecuada es brindarles activos tangibles e intangibles, para que aprendan a soltarse de la mano del Estado y darles las mismas oportunidades que a un ciudadano común.
Cifras de éxito. Algunas cifras que dan cuenta del éxito son por ejemplo las que resultan del estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Universidad de Columbia en el año 2014, así como de los informes presentados por la ACR. De acuerdo con el estudio de FIP y la Universidad de Columbia el 76% de los participantes en el proceso de reintegración se mantienen en la legalidad. Las estadísticas de la ACR evidencian que el 74% de las personas vinculadas al proceso de reintegración están ocupadas, entre ellas el 69,5% se desempeñan en un trabajo informal y el 30.5% en un trabajo formal. A nivel del Caribe, 13% de los desmovilizados se encuentran ocupados en el sector formal y 41% en el sector informal a nivel regional.
En la actualidad más de 650 empresas apoyan y se han vinculado con el proceso de reintegración. El 90% de las personas que ingresan al proceso llegan con algún tipo de afectación psicosocial, entre ellos el 93% logran superar esta situación. El 80% de los participantes del proceso de reintegración se encuentran afiliados al Sistema General de Seguridad Social, estando el 39,9% en el régimen contributivo y el 60,1% en el régimen subsidiado. A nivel nacional 26.575 personas han participado en acciones comunitarias a través del servicio social en 50% de municipios.
