Ya se cumplen 3 años y poco más de 3 meses desde que el Gobierno Nacional y las Farc anunciaron conjuntamente que habían llegado a un acuerdo sobre el tema de la tierra en Colombia, punto 1 de la agenda de los diálogos de paz.
El resultado fue una Reforma Rural Agraria que servirá como base para la transformación estructural del campo y creará condiciones de bienestar para el campesinado colombiano, hechos que deberán conducir a revertir los efectos del conflicto y a contribuir a solucionar las causas históricas del mismo.
De acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, esta reforma se sostendrá en cuatro pilares. El primero de ellos es la distribución de la tierra a los campesinos que no poseen, mediante la creación de un Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas y la formalización de otros 7 millones de hectáreas en predios rurales con problemas de titulación.
Un segundo pilar es el establecimiento de programas de desarrollo con enfoque territorial, que priorizarán a los campesinos más necesitados; y el tercero, los planes nacionales en el territorio rural que contemplan una gran intervención en educación, salud, vías, vivienda, riego y agua potable. Todo este esfuerzo deberá estar encaminado hacia un cuarto pilar: garantizar la seguridad alimentaria del país.
El enorme esfuerzo fiscal y despliegue institucional en igual medida que se requerirá para la implementación de este punto, considerando el abandono al que ha estado sometido el campo por largo tiempo, genera una gran cantidad de desafíos y de incertidumbres.
A continuación, cuatro expertas se referirán acerca de los principales retos que se derivan del punto 1 y, teniendo en cuenta que lo pactado en el mismo es central para la construcción y preservación de la paz en el país (lo que significa que siempre es susceptible de mejorar) las investigadoras expondrán además las principales críticas y vacíos que detectan de este primer punto.
Necesidad de un buen catastro
Paola García
Profesora Uninorte
Me parece que el punto de acuerdo agrario está, en términos generales, bien logrado pero tendremos que hacer muchos esfuerzos para que pueda ser efectivamente implementado. Lo primero es que tenemos que contar con un buen sistema de información catastral (los predios adecuadamente identificados, sus avalúos y propietarios actualizados) y yo no veo claridades sobre eso cómo va a ser posible, por lo menos en el corto plazo, teniendo en cuenta los altos costos de materializar esta estrategia. Tenemos ya vigente un Conpes (3859) para la formulación de lo que se denomina 'catastro multipropósito' que plantea que la actualización catastral se financiará a partir de tres fuentes: la nación, los municipios y la cooperación internacional, sin indicar de forma exacta cómo se financiarán las acciones. Es una buena idea, una acción necesaria, pero está sujeta a un problema muy importante de partida: la asignación de los recursos depende de decisiones inciertas. Los recursos de la Nación provendrán en alguna medida del Sistema General de Regalías, el cual requiere de la decisión de los gobernadores para la asignación de los recursos; los dineros de los municipios serán voluntarios y los de la cooperación aún no están definidos.
Si no podemos ver qué tierra tenemos, ninguno de los planes que se ha previsto agotar será posible. Esa es una dificultad técnica de base. También lo es el fortalecimiento técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y tampoco puedo ver decisiones de invertirle dinero a esto.
Enfoques del punto pueden ser contraproducentes
Al decir de nuestras expertas consultadas, el enfoque participativo del punto 1 suena bonito, pero será difícil de aplicar por sus naturales dificultades prácticas. Las puertas de la participación abren la posibilidad de que las personas propongan lo que quieran; sin embargo, pocas de estas cosas podrán ser atendidas, con lo que el proceso dejará seguramente un inmenso número de insatisfechos. Aunque debe haber participación, se requiere generar reflexiones sobre cómo desplegar mecanismos participativos reales, efectivos, más allá de saciar este deseo ciudadano proponiendo cosas irrealizables.
La priorización de ciertas comunidades que se propone en el punto, obedece a criterios más bien fiscales y de capacidades institucionales que a los criterios de lo deseable. Cuando se generan procesos como estos, que inevitablemente van generar conflictos (como empezar a formalizar tierras en lugares en los que nunca han estado formalizadas) es probable que nos encontremos con los mismos inconvenientes del proceso de restitución: personas que aseguran tener derecho sobre la tierra que ocupan y no quieren salir de ella, o algo similar a los conflictos entre vecinos por linderos. Un proceso de reforma agraria exitoso debe hacerse rápido y de manera masiva, porque si no, se está abriendo la posibilidad de que el conflicto se profundice y se perpetúe. Si creemos, como lo creen las Farc y el Gobierno, que el conflicto tiene causas históricas localizadas en el campo y su mala distribución, tenemos que solucionarlos de manera rápida para evitar nuevas violencias a partir de la permanencia de los mismos conflictos.
La priorización no nos permite eso. Pone gente en la cola. Primero irá el más pobre, el más afectado por el conflicto, el que tenga cultivos ilícitos en su tierra; y los demás, que tienen iguales condiciones de necesidad, pero que no cumplen con esos criterios, van a tener que esperar. Eso genera una fila interminable, un trancón fenomenal, como señalamos en uno de los informes del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. Pero así está en la norma.
Sobre esa base me parece que es mejor que tengamos un acuerdo sobre desarrollo rural a que no lo tengamos. Pero son dificultades que se presentarán y tendremos que solventar en el camino.
Dicotomía entre ZRC Y Zidres
Karla Soto
Investigadora Uninorte
Revisadas las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y las Zonas de interés de desarrollo rural económico y social (ZIDRES), dos figuras que fueron diseñadas para reorganizar el campo colombiano y que coexistirán en el marco de la implementación de los acuerdos, hay que concluir que generan algunas preocupaciones
Son dos visiones de desarrollo enfrentadas, porque las ZRC apuntan a la esencia campesina, que percibe la tierra como el centro de su cosmovisión, tradiciones y cultura, es decir, el campesino es su parcela o finca: ahí está su vida, su sustento y el de su familia. Bajo este esquema, los frutos de la tierra son para el autoconsumo y el excedente para garantizar la demanda alimentaria de los centros urbanos nacionales. Por el contrario, las ZIDRES obedecen a una visión empresarial, en la que la tierra es un medio de producción agrícola (no necesariamente alimentos), por lo general en clave de cultivos extensivos para exportación.
Lo ideal sería que estas dos visiones coexistieran brindando igualdad jurídica para ambas y evitando que las unas se impongan sobre las otras. Para lograr este objetivo se requiere de la apertura de espacios de encuentro y diálogo entre los actores del campo, tanto industriales como campesinos, a fin de definir puntos de encuentro que posibiliten el desarrollo integral de nuestras zonas rurales. Se requiere de una verdadera gobernanza agraria que asegure el cumplimiento de las normas y la participación de los ciudadanos en la construcción y materialización de las políticas públicas para el campo, garantizando a los campesinos el ejercicio de sus derechos constitucionales, de los que históricamente han sido excluidos.
Corregir la inequidad
Las primeras acciones a seguir deberían apuntar entonces a corregir los fenómenos de inequitativa distribución de tierras, recursos, poder y participación de la población rural. Las iniciativas legislativas, contrario a lo que tradicionalmente ha sucedido, deberían comenzar a centrar su atención en las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales y hacer especial énfasis en la economía campesina, familiar y comunitaria. Deberían mejorarse también los procedimientos para la adquisición de tierras y las políticas de uso adecuado de las mismas.
En la tarea de preparar todo para una reforma rural integral, no sólo deben tenerse en cuenta factores que favorezcan el crecimiento económico (como la ocupación productiva del espacio rural y la eficiencia de los métodos que se implementan en los diferentes escenarios de cultivo), sino que también deben abordarse aspectos sociales, culturales, históricos y políticos etc.
El desarrollo agrario debería concebirse como un proceso dinámico de transformación de la sociedad rural, que, permita incluir a esta población y permitir diversificar no solo las actividades productivas y de generación de ingresos, sino también la manera en la que está organizada territorialmente y las formas de participación política; todo ello con la finalidad primaria de alcanzar avances significativos en medio de y con el respeto de la diversidad cultural.
Frenar posibles contrarreformas
Mónica Vásquez
Profesora Uninorte
Los Acuerdos de la Habana son ambiciosos y marcan toda una agenda de cambio institucional que tendrá que desarrollarse en los años venideros. El asunto de tierras no es la excepción. La idea de una Reforma rural integral no solo plantea el acceso formal a la propiedad, sino una serie de beneficios adicionales que mejorarán el estado del campo colombiano y la posibilidad de que se materialicen condiciones de justicia material, acceso a derechos y superación de la pobreza.
Pero para esto se requiere tomarse en serio estos derechos a la tierra y frenar las posibles contrarreformas agrarias que históricamente se han presentado en el país y que han conseguido revertir los avances en materia de desarrollo del campo y del campesinado. Así a la ley 200 de 1936 se opuso la ley 100 de 1944; a las reformas de los años sesenta, y en especial las promovidas por la ley 135 de 1961, se contrapuso el pacto de Chicoral.
Atención a medidas que producen tensión
Hoy, frente a la realidad de los acuerdos de la Habana, no deja de llamar la atención la promulgación de la ley que crea las Zonas de interés de desarrollo rural económico y social (ZIDRES) y que en síntesis posibilita que los baldíos que podrían ser adjudicados a campesinos sin tierra, puedan ser arrendados por largos periodos de tiempo a empresas nacionales y extranjeras. De igual forma no se encuentra mayor referencia a los Tratados de Libre Comercio, que han tenido un impacto negativo en el sector agrícola nacional.
La contribución de grandes terratenientes
Rocío Peña
Profesora U. Rosario
El punto uno del acuerdo es un reto para el Estado Colombiano. Como sabemos, somos un país con un alto grado de concentración de la tierra; los campesinos sin tierra se cuentan por millares y están invisibilizados y el Estado no cuenta con herramientas informativas que le permitan tener un panorama claro de los problemas.
En este orden, el acuerdo es un reto para que, en paz, el Estado logre tener un catastro actualizado para contar con un recaudo del impuesto predial, que permita que los grandes terratenientes contribuyan de manera importante al desarrollo económico y social del campo colombiano. Asimismo, son desafíos el desarrollo de la agricultura familiar que permita superar la pobreza en las áreas rurales y mejorar la calidad de vida del campesinado; la garantía de seguridad alimentaria y la formalización de la propiedad rural.
La disputa por la tierra en Colombia ha sido un detonante fundamental para el conflicto armado colombiano, de ahí la importancia que ha tenido en las conversaciones gobierno – Farc. Tengo que decir que, en lo personal, me parece bien construido, coherente y toca puntos neurálgicos para el desarrollo del campo, con equidad.
En este orden puntos como la creación de un catastro multipropósito (1.1.9), los programas de formalización de la propiedad (1.1.5) y la creación de una jurisdicción agraria (1.1.5 y 1.1.8) resultan básicos para el desarrollo de cualquier país.
No se conocen las tierras
El estado colombiano, no sabe cuánta tierra tiene, quiénes son sus propietarios, cuáles son sus usos, quiénes la habitan y cuánta de esta está disponible para adjudicar (baldíos). En este sentido, el acuerdo pone de presente el abandono al que se ha visto sometido el campesinado y el campo colombiano. Si logramos que se cumpla esta parte del acuerdo, podemos desactivar un problema que no solo ha sido de origen sino de persistencia del conflicto armado.
