El magistrado William Hernández expondrá, este martes, en la Sala Plena del Consejo de Estado, una ponencia en la cual trae a estudio las presuntas irregularidades que se cometieron por parte de la Procuraduría al momento de emitir la sanción de 18 años de inhabilidad contra la exsenadora Piedad Cordoba.
Según la ponencia, la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría a Códoba en ese año sería ilegal.
En ese momento, el ente de control afirmó que la exsenadora asesoró a las Farc para el envío de videos con pruebas de vida a secuestrados y la presunta defensa de algunos exjefes de esa guerrilla. Dicha información apareció en los computadores que se hallaron durante la operación en la que cayó alias Raúl Reyes.
El proyecto de fallo señala que la Corte Suprema declaró que dicha prueba no era valida puesto que se había violado la cadena de custodia. Agregó el alto tribunal en esa ocasión que los archivos citados no eran correos originales sino documentos en word los cuales podrían ser modificados.
Hoy se llevará a cabo la votación en el Consejo de Estado que definiría el destino de la sanción disciplinaria contra Córdoba.
