Esta semana será crucial para el futuro de la reforma al equilibrio de poderes, el polémico proyecto que presentó el Gobierno el año pasado para eliminar la reelección presidencial y que entre otras cosas fue utilizado para enfrentar la crisis de la justicia que se desató después del ‘caso Pretelt’.
Dicho proyecto se reestructura los órganos administrativos de la Rama Judicial, eliminando el Consejo Superior de la Judicatura y creando un nuevo órgano, el Consejo de Gobierno Judicial, que será integrado por nueve personas: los presidentes de las altas cortes, el gerente de la Rama Judicial, un representante de los magistrados de los tribunales y de los jueces, un representante de los empleados y tres miembros permanentes
Además, esta reforma reemplaza la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por una Comisión de Aforados, que tiene la capacidad de juzgar a los magistrados de las altas cortes.
Este es el punto de mayor discordia de la reforma, que fue demandada por el Fiscal General, Eduardo Montealegre, alegando vicios de constitucionalidad.
Este miércoles, ante la sala plena de la Corte Constitucional, el Fiscal deberá exponer sus argumentos en contra del proyecto. Pero no estará solo, porque a la audiencia también asistirá el procurador, Alejandro Ordóñez, los ministros del Interior y de Justicia, Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes, y nuevos presidentes del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, Danilo Royas y Margarita Cabello.
El polémico proyecto ha enfrentado grandes desafíos para su implementación, desde la falta de una Ley Estatutaria que defina las funciones específicas de los miembros de la Comisión de Aforados y del Consejo de Gobierno, hasta el retraso en la conformación de esta última, que debía estar listo para diciembre de 2015.
