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En Twitter, el uribismo fue criticado por aliados y generadores de opinión que también cuestionan las negociaciones de paz. El expresidente Andrés Pastrana dijo que Uribe 'pactó' con Santos la destrucción de armas de las Farc, la creación 'incondicional' de 10 zonas de despeje y 'poderes de Fiscalía' para el Presidente, como el levantamiento de las órdenes de captura contra los guerrilleros.

La periodista Salud Hernández, dura crítica de las Farc, se preguntó: '¿Qué mermelada recibió el Centro Democrático?'.

En siete trinos, Álvaro Uribe dio explicaciones ante señalamientos de que cedió por la captura de su hermano y la investigación a sus hijos, y enumeró las propuestas del Centro Democrático introducidas a la reforma, entre otras: destruir las armas que sean entregadas y que la guerrilla no se instale en zonas urbanas ni en corredores fronterizos ni en áreas de minería ilegal.

Indicó que desde el inicio de las negociaciones han 'reclamado' que las Farc debieron concentrarse como condición para el diálogo, la cesación de delitos y ser vigilados. Uribe señaló, igualmente, que no pide al Gobierno 'clemencia' o 'rectificaciones' al fiscal. 'Los seguiremos enfrentando con verticalidad', afirmó.

Afectos al uribismo, como el exsenador Juan Lozano, y el mismo Uribe cuestionaron que el ministro Juan Fernando Cristo declarara, después de elogiar el apoyo del Centro Democrático, que las condiciones uribistas para las zonas de concentración no fueron aprobadas. 'Queda claro que al Gobierno no le interesa lo que digan los críticos del proceso, sino lo que impongan la Farc', reviró en Twitter el senador opositor.

Los cuestionamientos a la reforma no se hicieron esperar de parte de la guerrilla. Alias Jesús Santrich dijo, en una videoconferencia en un foro en Medellín, que la Ley de Orden Público es 'otro error'. 'No vamos a felicitar al Centro Democrático y a la Unidad Nacional por una ley que busca cercar a las Farc', afirmó.

Insistió en que la guerrilla 'no va a estar en una cárcel a cielo abierto'.

Por su parte el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, lamentó que el proyecto permita la creación de estas zonas 'en territorios donde habita población civil'.

Por medio de un comunicado de prensa, la Procuraduría señaló que 'confía en que llegado el caso, la Corte Constitucional pueda corregir las graves falencias de la ley, con el fin de proteger a la población civil y no afectar la lucha contra la criminalidad organizada, ni la seguridad nacional'.