Se acerca el final del período constitucional de Eduardo Montealegre Lynett como Fiscal General de la Nación. Y a manera de despedida acaba de armar un lío de proporciones monumentales con la captura de Santiago Uribe Vélez, hermano del ex presidente de la República y actual senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, principal opositor de Juan Manuel Santos.
No es la primera vez que el Fiscal estremece los cimientos del país. Ni es la primera vez que una decisión suya causa conmoción nacional. Las decisiones, declaraciones o actuaciones, inoportunas o inopinadas de Montealegre han tenido siempre la intención de causar un 'terremoto político' que lo muestren como un funcionario probo o independiente. Pero cuando esas actuaciones se contrastan con los hechos, la realidad evidencia todo lo contrario: que el Fiscal General carece de probidad e independencia.
¿Cuál es la realidad en el caso de la medida de aseguramiento de Santiago Uribe Vélez y de otras órdenes de detención proferidas por Montealegre? La realidad es que Santiago Uribe Vélez goza de la condición de ser hermano de Álvaro Uribe Vélez, opositor público de las negociaciones de paz del Gobierno con las Farc en La Habana y hoy por hoy el principal contradictor político de Juan Manuel Santos, quien tiene a su vez el privilegio de contar con un 'fiscal amigo'.
Las motivaciones de las actuaciones del fiscal Montealegre son, pues, políticas. Sigamos: ¿Cuánto de razonabilidad había en solicitar la privación de la libertad de Sandra Morelli Rico, cuando se desempeñaba como Contralora General de la República? ¿O de Sigifredo López, exdiputado y exsecuestrado de las Farc? ¿O en someter a interrogatorio a la esposa del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, con quien Montealegre sostiene un despiadado enfrentamiento? ¿Qué justificación razonable puede existir en el hecho de que Montealegre se refiera a las periodistas María Isabel Rueda, María Jimena Duzán y Vicky Dávila en términos ofensivos y peyorativos? ¿El pecado de las reconocidas comunicadoras fue el de cuestionar en público algunas de las decisiones o actuaciones del Fiscal General?
Los afectados por las decisiones del Fiscal sostienen que de lo que se trata es de una evidente muestra de persecución política nunca antes vista, mientras que los más benévolos con Montealegre afirman que se trata de decisiones controversiales o inoportunas, que podrían tener algún tipo de justificación jurídica. En ninguno de los casos, la figura del Fiscal General sale fortalecida.
El retiro de Montealegre de la Fiscalía abre el debate no solo sobre la politización de la institución –con las graves consecuencias que ello tiene– sino sobre el verdadero papel que debe desempeñar quien esté al frente de la lucha contra las organizaciones criminales del país. El Fiscal General es un funcionario con poderes ilimitados, que no rinde cuentas de nada ante nadie, como lo demostró el propio Montealegre cuando se negó a ser citado por el Congreso.
En el caso de Montealegre se conjugaron su infinito poder con su desbordada ambición. Su habilidad lo llevó a crear alianzas con amigos muy cercanos a quienes promovió y con quienes tejió redes poderosísimas en las altas cortes, como José Leonidas Bustos, su socio ideal a la hora de hacer componendas que les permitieran mantener y perpetuar su poder. Hoy por hoy no hay un alto tribunal –antiguo o recién creado– donde no haya una ficha del binomio Montealegre-Bustos.
De la mano de Montealegre como fiscal, el país empezó a preguntarse si existe independencia judicial o si lo que hay es una mancuerna entre el Ejecutivo y la Fiscalía, que hace que esta última esté al servicio del Jefe del Estado, hasta el punto de que hoy se habla de la Fiscalía como un apéndice del Ejecutivo. ¿Actúa la Fiscalía General como un brazo judicial de la Presidencia, cuyo único interés es el de castigar a quienes resulten incómodos, tanto al Fiscal como al Presidente? ¿Qué soporte tienen las más recientes actuaciones del fiscal Montealegre?
¿Qué hay detrás de la captura de Santiago Uribe Vélez?
Funcionarios bien enterados de los tejemanejes judiciales me informan que la Fiscalía tiene pruebas suficientes para sostener una medida de aseguramiento contra Santiago Uribe Vélez. Es tan precaria la exigencia legal para imponerla que soportarla es relativamente fácil. Sin embargo, es muy extraña la inoportunidad de la adopción de una medida de tal trascendencia en cabeza del hermano del jefe del partido mayoritario de oposición en Colombia. No se trata de pedir privilegios para los familiares de los expresidentes, sino de abogar por un poco de sindéresis, que desaconseje tomar medidas de aseguramiento con criterio político y que no olvide las consecuencias políticas de una adoptada legalmente. ¿Era ineludible la medida de aseguramiento? ¿Era inevitable tomar la más severa de todas? ¿Comparecer voluntariamente a todas las citaciones, tener un domicilio conocido y una actividad económica habitual, no sirve de nada a la hora de responder ante la Justicia? ¿Era razonable haberse demorado tanto tiempo para adoptar la medida después de la rendición de la indagatoria? Todas esas preguntas conducen a respuestas que pasan por la figura poco confiable del Fiscal General, quien no es un ejemplo de imparcialidad en el ejercicio de su función. Punto. Sus continuos enfrentamientos con Álvaro Uribe y su descarada obsecuencia con Juan Manuel Santos son razones suficientes para dudar de su imparcialidad en una decisión con tantas implicaciones políticas, como la de ordenar encarcelar a Santiago Uribe.
Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, detenido por orden del Fiscal.
El peor escenario: una justicia politizada
Es probable que Juan Manuel Santos, o nadie del Ejecutivo, haya tenido nada que ver con la decisión de la Fiscalía de encarcelar a Santiago Uribe por presunta pertenencia al grupo paramilitar de los '12 apóstoles'. Sin embargo, la evidencia circunstancial condena al Gobierno. Álvaro Uribe es el gran enemigo político de Santos y el peor adversario del proceso de paz con las Farc. Eduardo Montealegre –a su vez- no sólo es defensor incondicional de la negociación con las Farc, sino que se ha mostrado obsecuentemente entregado a los designios de Santos. Tanto Montealegre como Leonidas Bustos –su gran aliado en las altas cortes– no han tenido la menor vergüenza en satisfacer los deseos del Ejecutivo. Si Santos nombra a Montealegre embajador en Alemania –algo que en la Fiscalía dan por hecho– ello será visto como el pago por los servicios prestados. Ese nombramiento será tan impresentable como los contratos que Montealegre les otorgó a los exconsejeros de Estado que votaron por su permanencia en el cargo. Santos tiene antecedentes como persona influyente de la Justicia, por lo menos en la sentencia que absolvió al Almirante Gabriel Arango Bacci se ordenó investigarlo y de esa investigación nadie sabe cómo terminó resolviéndola Montealegre. La confluencia de todos esos hechos no sería tan grave si el Fiscal brindara garantías de imparcialidad. Por esa razón, la única manera que tiene Santos de demostrar que sí quiere despolitizar la Fiscalía es confeccionando una terna de juristas autónomos, probos e independientes para suceder a Montealegre. El Fiscal que necesita el país es uno muy distinto del que Santos necesita.
Montealegre, perseguidor político
La Fiscalía General de Eduardo Montealegre Lynett nunca pudo dar una imagen de imparcialidad. Todo lo contrario: ha sido una de las fiscalías más abusivas en contra de los derechos de los procesados y de las garantías procesales. La Fiscalía de Montealegre –por desgracia– inauguró la política de perseguir penalmente a los jueces que toman decisiones adversas a sus intereses. Por cuenta de sus cruzadas políticas terminó crucificando a un exsecuestrado de las Farc, el diputado Sigifredo López. También persiguió –y persigue– con saña a la excontralora Sandra Morelli, quien tuvo el valor de investigar los faltantes fiscales de Saludcoop. Sospechosas tutelas escritas a cuatro manos en despachos madrugadores de la Corte Suprema o búsquedas internacionales de sindicados que siempre comparecieron, mostraron una forma muy poco garantista de ejercer la potestad punitiva. Montealegre mostró que nunca le tembló la mano para ejercer el poder de la Fiscalía contra sus adversarios. Sandra Morelli o César Solanilla –Director de la Universidad de la Fiscalía– son dos pruebas plenas de semejante aberración.
Un Fiscal General para olvidar
Eduardo Montealegre Lynett ha tenido un paso desafortunado por la Fiscalía General. Llegó con una gran expectativa, fundada en sus credenciales académicas, que lo mostraban como exmagistrado de la Corte Constitucional y exviceprocurador. Pero terminó revelándose como un hombre autoritario con muchas ambiciones políticas y con una calidad humana que está muy por debajo de las exigencias del cargo. Despilfarrador de los recursos de la Nación en cruzadas personales de dudosa utilidad, como los contratos de Natalia Springer y la creación de cargos en el exterior, como el esperpento de los 'embajadores de la Fiscalía'. Montealegre nunca pudo construir la imagen creíble y confiable que el país espera del Fiscal General. Fue superado con creces por todos los que lo antecedieron en el cargo, incluyendo a Luis Camilo Osorio y Mario Iguarán, que ya es mucho decir. Montealegre llegó a la Fiscalía siendo el defensor de Saludcoop y Carlos Palacino, y se va dejando un manto de dudas sobre su actuación en ese lamentable episodio. Y ello es así porque, aunque Montealegre ha dicho que se separó de esas investigaciones, lo objetivamente cierto es que Palacino –su antiguo pagador– sigue viviendo a sus anchas y disfrutando de sus millones, mientras que la única que de verdad ejercía presión para aclarar el asunto –la ex contralora Morelli– casi termina presa. Es imposible no relacionar una cosa con otra para concluir que Montealegre se rajó con aclamación como Fiscal General.
