En momentos en que la comunidad internacional cierra filas contra las organizaciones criminales y terroristas que ejecutan actos demenciales, como acaba de ocurrir en París con la muerte de cerca de 150 personas, realizados por integrantes del llamado 'Estado Islámico', en Colombia el fiscal general, Eduardo Montealegre –quien debería estar al frente de la política criminal del Estado– sigue empecinado en librar sus propias batallas y en perseguir a quienes se atrevan a criticar sus cuestionables acciones.
Para Montealegre el problema no es el terrorismo de las organizaciones criminales, del que hemos sido víctimas como país en el pasado reciente, por cuenta de las acciones del cartel de Medellín y de grupos paramilitares y subversivos, como las Farc y el ELN, sino los cuestionamientos de periodistas y líderes de opinión a sus estrambóticos contratos y a sus desconcertantes iniciativas.
Cada cierto tiempo el Fiscal General –a la manera de Alfonso López Michelsen– también hace una declaración pública. Cada vez con más frecuencia. Pero a diferencia de López que ponía a pensar al país, Montealegre lo pone a reír y luego a sufrir. De hecho, nunca había existido en la ya larga lista de fiscales general del país uno más locuaz, imprudente y con tantas ansias de figuración pública y política que Eduardo Montealegre Lynett. Sus desafueros verbales van desde su última cruzada de liberal radical, en la que patrocina un proyecto de ley a favor del aborto, que incluye aquel que se produce por demanda a edad avanzada de gestación; hasta el costoso patrocinio a las teorías algorítmicas de la politóloga y su amiga personal, Natalia Springer en las que se demuestra de forma categórica que en Colombia el problema de la violencia de los grupos armados ilegales es grave.
Pero Montealegre también decidió revisar–30 años después de ocurrido los hechos– la actuación de la cúpula del M-19, que fue indultada por la toma del Palacio de Justicia, después de que ese grupo insurgente se desmovilizara y se reintegrara a la vida civil. La decisión del Fiscal se da en medio de las negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc en La Habana, de las que Montealegre ha sido uno de sus principales promotores, hasta el punto de intervenir descaradamente a favor del grupo guerrillero. De hecho, nadie como Montealegre para promover la impunidad de los jefes guerrilleros. Punto. Es tanta su injerencia en los asuntos de la paz, que en más de una ocasión ha dejado a los negociadores del Gobierno sin ninguna maniobrabilidad, pues para él todo –o casi todo– se puede conceder.
Pero lo grave no es que Montealegre se ocupe de todos los asuntos. Lo grave es que no se ocupa de los asuntos que son realmente importantes.
En efecto, los grandes temas que Montealegre debe investigar siguen durmiendo el sueño de la prescripción, como ocurre con Saludcoop o con Interbolsa o con el 'carrusel de la contratación de Bogotá', respecto del cual no ha sido capaz de mostrar ningún resultado concreto frente al entonces alcalde, Samuel Moreno Rojas. En cambio la Corte Suprema ya condenó a su hermano, Iván Moreno. Tampoco ha mostrado resultados de ningún tipo frente a un asunto que golpea a los colombianos en general y a los costeños en particular: ¿Por qué los habitantes de la Región Caribe tenemos que pagar las tarifas de gas y energía más costosas del país? ¿Qué pasa con los miles de millones de pesos que se pagan a la Creg para que podamos disponer de un sistema energético confiable y seguro? Nada de eso parece importarle.
¿Dónde está la política criminal del Estado?
El Fiscal General de la Nación es un miembro de la Rama Judicial. Conforme a la estructura del Estado colombiano, se trata de un funcionario que debe ser independiente y autónomo del Ejecutivo y de los jueces. Su poder y límite es investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar. Punto. Nada más. En estricto sentido, el Fiscal General no puede ponerse a hacer política y mucho menos politiquería, de esa que se realiza con puestos y peleas burocráticas. La única política que el fiscal Montealegre debe hacer y liderar es la 'Política Criminal', que es la única no hace, ni ha hecho. ¿Cuál es la que definió –por ejemplo– en el delicado asunto del aborto? ¿La del anuncio de la investigación contra Carolina Sabino, incluso con el uso de pruebas inconstitucionales, como la violación al derecho a la intimidad, o la de la orden del archivo de las mismas, como lo anunció en el foro sobre el aborto, donde también autorizó el aborto por demanda, algo que la Corte Constitucional jamás despenalizó? ¿Cuál es el soporte legal y constitucional del activismo político del Fiscal General? ¿De qué manera o para qué le sirve el activismo político del Fiscal General a la Fiscalía, como institución? O mejor aún: ¿De qué le sirve al país el activismo político del Fiscal General o –claro– del Procurador General o del Contralor General?
¿Es sano un Fiscal General como activista de paz?
Uno de los mayores activistas a favor de la negociación del Gobierno con las Farc es el Fiscal General. Así como lo ha sido –en contra del proceso– el procurador Alejandro Ordóñez. Ni lo uno ni lo otro es bueno. Ni tanto que queme al ‘Santos’ ni tan lejos que no lo alumbre. Pero ocurre, sin embargo, que muchas veces las imprudentes declaraciones del Fiscal a favor de los jefes guerrilleros dejan a los negociadores del Gobierno sin margen de maniobrabilidad. Para decirlo en plata blanca: cada vez que Montealegre suspende las investigaciones contra la cúpula de las Farc, o señala que todo hecho es perdonable, o sugiere tesis de conexidad entre narcotráfico o rebelión, lo que hace es quitarle margen de maniobra a los negociadores del Estado. ¿Qué necesidad tienen las Farc de comprometerse a la suspensión de determinadas actividades si saben de antemano que el Fiscal les garantiza impunidad? En esas ocasiones, Montealegre parece más amigo de la subversión que de la legalidad. Y semejante percepción no se pierde cuando cada una de sus interpretaciones de la justicia transicional es más laxa que la anterior. En materia de justicia penal para las Farc, el Fiscal es evidentemente marxista: 'Estos son mis principios. Si no le gustan, aquí tengo otros'.
¿Y de la politiquería qué?
Eduardo Montealegre no ha sido el mejor Fiscal que hemos tenido. Pero sí ha sido de lejos el más politiquero. Su gestión jurídica ha sido tan gris y su politiquería tan descarada que su predecesor más parecido es Luis Camilo Osorio en tiempos de Álvaro Uribe. Montealegre venía de ser reconocido como un jurista respetable y había hecho una magistratura aceptable en la Corte Constitucional, pero como Fiscal mostró los dientes. Muchos de los contratos que ha firmado no resisten una inspección y en cualquier otro caso serían identificados como cohechos, concusiones o tráfico de influencia. Montealegre ha puesto magistrados en la Corte Constitucional, el último de ellos Alejandro Linares. En la Suprema –junto a su aliado, el inefable magistrado Alirio Bustos– mueve todos sus hilos sin recato ni pudor. El binomio Montealegre-Bustos ya puso firmes candidatos en el Consejo de Gobierno Judicial y extiende sus nocivos tentáculos a la futura integración de la Comisión de Aforados y del Consejo de Disciplina Judicial. ¿Por qué tanto afán por poner fichas en todos los organismos de la Rama? 'Porque necesitan que les cubran sus amplias espaldas, pues todo lo que han hecho es investigable. Y nunca se sabe qué puede encontrar un funcionario honrado', me dijo un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
¿Y dónde está el sucesor de Montealegre?
El período de Eduardo Montealegre termina en marzo del próximo año y el presidente Santos tiene en sus manos la papa caliente de elaborar la terna de su sucesor. Fuentes bien informadas de la Casa de Nariño hablan de dos clases de candidatos: los que el presidente quiere y los que quieren que el presidente los quiera. Para Santos su principal carta sería el exministro Néstor Humberto Martínez, muy apreciado también en las altas cortes. Pero si Martínez no acepta el muy tentador ofrecimiento, Santos estaría dispuesto a poner a Fernando Carrillo. Necesita una mujer para la terna y un tercero, que –pese a ser un comodín– no le vaya a jugar una mala pasada saliendo elegido. Otros candidatos son Augusto Ibáñez, poco querido por sus antiguos colegas y no precisamente por sus posiciones jurídicas radicales. Punto. Montealegre –por su parte– promueve a su hombre de confianza, el vicefiscal Jorge Perdomo, quien –de ser postulado y elegido– no haría otra cosa que estrechar el poderoso círculo tejido por el binomio Montealegre-Bustos. Santos debería pensar en candidatos que solo quieran ser fiscales y que miren a la Fiscalía hacia adentro para adecentarla, pues hoy es una de las instituciones con mayores índices de corrupción. Que no tenga agenda política propia. Y que –¡por Dios!– trate de mantenerse callado. Aunque cueste creerlo, todavía hay en Colombia juristas decentes que no tienen otra aspiración que la de servirle al país.
