El hallazgo de $482.391.000 al excongresista Yahir Acuña Cardales dos días antes de las elecciones no es un asunto que solo lo involucra a él, también a su esposa Milene Jarava Díaz, ex aspirante a la Gobernación de Sucre por Opción Ciudadana.
Jarava, al igual que su esposo, fue citada a un interrogatorio a indiciado, pero no asistió y envió una excusa.
Trascendió a través de la Fiscalía que los esposos no están vinculados aún a una investigación formal, pero deberá volver a citar a Jarava.
Los investigadores recolectaron pruebas y testimonios de ciudadanos que tendrían información no sólo del origen de ese dinero, sino del destino que tendría previo de las elecciones regionales.
Sin embargo, Acuña asegura que el dinero que le fue incautado el 23 de octubre en un carro en la vía Corozal-Sincelejo es producto de la venta de unos predios y por lo tanto es legal.
Lo que resultó alarmante para las autoridades es que solo faltaban dos días para que se realizaran las elecciones y el dinero podría ser utilizado para la compra de votos.
De ser utilizado para este fin, dijo el coordinador de la Misión de Observación Electoral en Sucre, José Freddy Aguilera, se podría comprar una alcaldía o parte de una Gobernación.
Se conoció que Jarava aparece en los documentos presentados por su esposo como propietaria de un apartamento y otro predio que fueron vendidos y que serían la fuente de los $482.391.000, sin embargo, los papeles tienen fecha de 24 octubre, un día después de que le fuera incautado por la Policía de Tránsito y Transporte.
Por tal razón, los peritos de la Fiscalía allanaron dos notarías, la Tercera en Sincelejo y la Única en Corozal, al parecer, en esta última fue donde se realizó el procedimiento por lo que tomaron la CPU para conocer la fecha de elaboración del documento y si este coincide con el presentado por Acuña y del que anexó copia a la declaración hecha ante la Fiscalía Cuarta Especializada de Sincelejo.
Desde el 26 de octubre el dinero fue consignado en el Banco Agrario de Sincelejo. El conteo del dinero estuvo a cargo de la Policía bajo la supervisión de la Fiscalía, este tuvo que ser manual porque los billetes estaban viejos y desgastados y no eran reconocidos por la máquina contadora.
De no demostrar la legalidad y procedencia del dinero podrían enfrentar una investigación por enriquecimiento ilícito porque el delito electoral aún no le ha sido probado.
