¿Cómo logró el Gobierno colombiano, en menos de seis meses, darle un giro a un delito enquistado en la cultura electoral colombiana?
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, lo resume en dos palabras tan simples como difíciles de conseguir: voluntad y decisión política.
Por la ausencia de estas dos capacidades, los colombianos han tenido que contemplar por más de dos décadas cómo algunos políticos sin vínculos con sus comunidades, carentes de arraigo cultural y de otro tipo de habilidades necesarias para gobernar, rigieran los destinos de sus poblaciones y, peor aún, sin recibir algún tipo de sanción o castigo.
Los números hablan por sí solos. 1.090.078 cédulas en 820 municipios, de los 1.103 que tiene Colombia, fueron anuladas apenas hace dos días por el Consejo Nacional Electoral por trashumancia, un hito en la historia política del país que en la práctica se consiguió gracias al decreto 1294 de 2015, expedido por el Ministerio del Interior.
P ¿Se puede decir que con los resultados alcanzados estamos viviendo el principio del fin de la trashumancia?
R Es el fin del fin de la trashumancia. Creo que con las decisiones que está tomando el Consejo Nacional Electoral, CNE, y las últimas que esperamos tome esta semana, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que en las elecciones de octubre no habrá trashumancia electoral. Todas las cédulas inscritas fraudulentamente fueron anuladas y las mafias electorales que compraron votos anticipadamente perdieron su ‘platica’. Vamos a tener unas elecciones sin trasteo de votos.
P ¿A qué atribuye estos resultados nunca antes vistos en elección popular alguna?
R Los resultados que estamos viendo ahora se han dado gracias a una tarea mancomunada, coordinada e interinstitucional de las organizaciones electorales, del CNE, de la Registraduría, de la Fiscalía, de la Procuraduría, del Gobierno Nacional, que desde el mes de marzo pasado nos fijamos como objetivo principal de estas elecciones regionales acabar con la trashumancia electoral, una práctica que le hace enorme daño a la democracia de este país.
P Para algunos entes como la Fiscalía condenar la trashumancia resulta complejo por varias razones, una de ellas es la necesidad de investigarla en tiempo real. ¿Cuáles son las limitaciones puntuales que observa y cómo enfrentarlas?
R Creo que no tenemos limitaciones hoy. Tenemos toda la normatividad legal –decreto 1294– y se están tomando decisiones para anular las inscripciones. Llegamos al millón de cédulas anuladas con un simple cruce de las bases de datos del censo electoral con las del Fosyga, el Sisbén, la Aspe, Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras instituciones. La tarea que cumplió la Registraduría haciendo el cruce de datos y las decisiones que está tomando el Consejo Nacional Electoral demuestran que lo que se necesitaba básicamente era coordinación interinstitucional y decisión política.
P Aun así hay trashumancia histórica y las capturas se han dado, pero recientemente. Más allá de esto, la Fiscalía considera que hay diferencias importantes entre la aplicación de lo administrativo, que es de lo que se encargan organizaciones como el CNE, y el castigo del delito de trashumancia. ¿No es esto una limitación?
R. No creo. Esto es puro tema de voluntad política, de voluntad de la Fiscalía, de la Procuraduría, de investigar. Aquí lo primero es garantizar que no haya trasteo de votos y eso se está garantizando, y por primera vez se está investigando penalmente. Seguramente no se llegará a la sanción de todos los responsables de estas conductas. Lo importante, más allá de penalizar y meter a la cárcel a los responsables, que obviamente hay que trabajar en eso, es garantizar que con las decisiones que se tomen ahora anulando todas las cédulas inscritas producto del trasteo de votos, en las próximas elecciones las mafias electorales sabrán que si vuelven a intentarlo dentro de cuatro años van a perder su plata. Se trata de un tema de cultura democrática, de ir cambiando las costumbres políticas antes de penalizar a cada uno de los ciudadanos que se preste para el trasteo de votos.
P ¿Qué va a pasar después de esta fase de anulación de cédulas inscritas?
R Esperamos que esta semana el CNE termine de tomar decisiones. El propósito es llegar al ciento por ciento de los municipios. El próximo lunes tenemos comisión de seguimiento electoral con todas las entidades involucradas en esta tarea que no ha tenido antecedentes, que ha sido histórica, y esperamos presentarle ese día al país un balance.
P ¿Cuáles son los planes para salvaguardar el día de las elecciones?
R. Este Gobierno está comprometido con que estas elecciones del 25 de octubre sean las más seguras, tranquilas y transparentes en la historia del país. Vamos avanzando en una buena dirección. Hay un plan organizado con la fuerza pública, con la Policía, para garantizar que haya presencia del Estado en todas las mesas electorales del país, que no se traslade una sola mesa del sector rural al casco urbano. No quedamos satisfechos solo con haber logrado neutralizar este tema del trasteo de votos, sino que esperamos combatir durante este mes fenómenos como el de la financiación irregular de las campañas y otros delitos electorales que lamentablemente se presentan, especialmente, cuando se trata de elecciones regionales y locales.
Vea el especial sobre el trateo de votos en el Caribe:
